El miércoles pasado, el senador Francisco Chahuán presentó un proyecto de reforma constitucional que establece un piso mínimo de 50% del padrón electoral para que el plebiscito sea declarado válido. Eso, porque las consecuencias de la decisión que se tomaría va a impactar nuestras vidas por al menos 30 o 40 años, pues las constituciones no se cambian con cada gobierno.

Como este es un tema relevante pero no se aborda con seriedad, sino que se menciona al pasar, creo importante analizarlo con los mismos argumentos que utiliza la izquierda para referirse a la Constitución actualmente vigente: su legitimidad de origen, pero también su legitimidad en el resultado.

La izquierda quiere terminar con el último vestigio que queda del Gobierno Militar, y usando un término aplicado en España por el socialismo en relación a Franco, desmonumentalizar todo lo que tenga que ver con el general Pinochet. Es por eso que quieren eliminar la Constitución, incluso la Casa de Todos firmada por el Presidente Lagos en 2005.

La deslegitimación proviene del origen, por no ser democrático, dice la izquierda. Bueno, ¿cuál es el origen del plebiscito que permitiría escribir desde una hoja en blanco una nueva constitución? El origen no es otro que la violencia extrema que se vivió el 12 de noviembre pasado, que puso al gobierno en una encrucijada, y bajo coerción, amenazado con que se incendiaría la pradera si sacaba nuevamente a los militares a contener la violencia, se inclinó por ceder, con lo cual se originó el famoso acuerdo “por la paz y una nueva constitución” el 15 de noviembre de 2019.

¿Es legítimo pagar rescate ante un secuestro de la democracia por parte de violentistas, a quienes, si se los reprimía, el INDH y toda la izquierda se encargaría de acusar al gobierno de violaciones sistemáticas a los DDHH, amenazándolo de llevarlo a la CIJ? Yo creo que no, pero bueno, eso fue lo que se hizo. Y la suma a pagar se llamó Constitución Política de la República de Chile.

¿Fue un acto democrático? Dirán que sí, porque lo firmaron todos los partidos, excepto claro, los que legitimaron no solo la violencia, sino que llamaron a la desobediencia civil, lo cual está registrado y es público. El problema es que, pagado el rescate, firmado el famoso acuerdo, los secuestrados cumplieron, pero los secuestradores no, porque la violencia continuó y continúa aún, solapadamente.

Tal vez sea tarde hablar de la legitimidad de origen del plebiscito, pero desde el momento en que se está pensando que voten los contagiados con Covid, me pregunto cuán legítimo es que se exponga a la población a estar en contacto con gente infectada, después de estar meses confinados para evitar justamente el contagio. Dirán que los harán entrar por otro lado, pero ¿quién puede controlar su comportamiento y circulación antes y después de votar?

Las preguntas que surgen de esto son: ¿Qué riesgo debo asumir para ejercer mi derecho a voto? ¿Qué se va a privilegiar, el derecho a votar o el derecho a la vida? Y digo a la vida, porque este virus ya le ha causado la muerte a más de 10.000 compatriotas.

Pero si los políticos no son capaces de reconocer esto y se insiste en hacerlo a todo evento, independiente de la situación sanitaria, lo que debemos exigir entonces es que definan claramente las reglas de participación mínimas para declarar este plebiscito legítimo, por la alta posibilidad de una gran abstención.

Y si tampoco se acepta, solo queda el recurso de declararlo ex ante ilegítimo, por razones del peligro sanitario que implica ir a votar en medio de la pandemia, y porque una decisión que afectará nuestras vidas durante 30 o 40 años, no puede ser vinculante con una alta abstención, superior al 50% del padrón electoral.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el domingo 16 de agosto del 2020.