Si se miran con atención los hechos de violencia que se han registrado en nuestro país desde hace ya varios años, pero en particular desde octubre pasado, sus devastadoras secuelas, su mantención e incluso recrudecimiento en algunos sectores y, en particular, la imposibilidad del Estado y de sus autoridades para restablecer –y eventualmente mantener– el orden público, se puede apreciar que la gran piedra de tope para solucionar este problema han sido los actuales “derechos humanos”.

En efecto, los actuales “derechos humanos” han estado en el meollo de nuestra presente crisis político-social (y ahora económica) desde dos perspectivas complementarias: primero, legitimando en buena medida los hechos de violencia que nos aquejan hasta hoy; y segundo, impidiendo que la fuerza pública pueda restablecer el orden y la paz social, imprescindibles para cualquier convivencia democrática y Estado de Derecho.

Respecto de la violencia, ella ha sido ampliamente justificada por los actuales “derechos humanos”, al considerarla legítima, en atención a exigir o a defender ciertos derechos que se consideran fundamentales, tanto, que incluso se mira con buenos ojos a quienes usan la violencia para luchar por ellos.

En cuanto a la verdadera neutralización de la fuerza pública que hoy nos aqueja, los actuales “derechos humanos” consideran que quienes participan en estas manifestaciones violentas, por el hecho de estar defendiendo estos derechos, se encuentran escudados por ellos, de tal forma que cualquier respuesta que se dé a su agresión, es considerada ilegítima y será duramente sancionada, como de hecho ha ocurrido frecuentemente.

Sin embargo, los actuales “derechos humanos” no toman en cuenta para nada los derechos de quienes sufren graves daños en su persona o bienes, como consecuencia de estas protestas violentas que han sido sacralizadas en su nombre: el resto de la población y las fuerzas de orden del país. Al parecer, estos últimos no tendrían importancia desde la perspectiva de los actuales “derechos humanos”, debiendo plegarse sumisamente a sus exigencias. Con lo cual, ya no seríamos todos iguales, pues los actuales “derechos humanos” protegen solamente a ciertos grupos, aquellos que están de su lado, evidentemente.

Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a una situación semejante? En parte, ello se debe a la conquista y al auténtico monopolio que se ha producido en la composición de los organismos internacionales encargados de determinar cuáles son estos derechos y quiénes los cumplen o no. De esta manera, lo que surgió como un gran avance en el proceso civilizador de la humanidad (cuya acta de nacimiento fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), hoy se encuentra completamente ideologizado por la izquierda más radical, que paso a paso, ha vaciado a los verdaderos derechos humanos de su genuino sentido, y los ha reemplazado por los actuales “derechos humanos”, usándolos como dóciles instrumentos para sus propios fines, usufructuando del prestigio que aún mantienen. 

Todo lo cual muestra el enorme poder que conlleva haberse erigido en una especie de “censor internacional”, que determina a su arbitrio qué es correcto e incorrecto a nivel global y quiénes se encuentran en el lado correcto de esta visión.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y profesor de filosofía del derecho en la Universidad San Sebastián.