Corrían los tiempos tristes, famélicos y violentos de 1972. El avance del poder del Estado era incontenible. Como sucede siempre que la garra del socialismo estruja las vísceras del mercado, el hambre asolaba la vida de los chilenos. Una revisión de la prensa de la época nos recuerda algunos hechos que vale la pena traer a la memoria de quienes hoy tienen en sus manos la capacidad de torcer el triste destino que nos amenaza. Cuando hablo de amenaza me refiero al quiebre definitivo del Estado de Derecho y a la captura del proceso constituyente por grupos extremos que, amparados por un sector importante de parlamentarios, el año pasado llegaron hasta la sede misma del ex Congreso Nacional en medio de la ovación de los presentes.

1972, 9 de octubre: “Un paro indefinido iniciaron, a las cero horas de hoy, los miembros de la Confederación de Dueños de Camiones, de O´Higgins a Malleco, para […] luchar por los derechos de toda actividad privada; la protesta se dirige, sobre todo, contra el proyecto aprobado por el Instituto CORFO-Aisén, de crear una empresa estatal que concentraría los transportes terrestres, marítimos y aéreos de esa provincia, lo que constituye, en realidad, un plan para liquidar a todos los medios de transporte de iniciativa privada y es una especie de aplanadora que empezaría en Aisén y terminaría en Arica”.

10 de octubre: “Centenares de miles de chilenos marcharon desde los cuatro puntos cardinales de Santiago para lograr la más impresionante manifestación de repudio a la política de un Gobierno en el país”. Entre los motes esgrimidos por la muchedumbre destacaba un cartel del Centro de Madres ex Tencha Bussi de Allende: “El gobierno nos quitó lo que tanto nos costó […] el pan para nuestros hijos”.

“Por orden de la Intendencia de Santiago, Investigaciones detuvo a los cuatro dirigentes máximos de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, organismo que decretó un paro indefinido: León Vilarín, Guillermo Satt, Jorge Álvarez Agüero y Eduardo López habrían, según el Intendente, infringido la Ley de Seguridad Interior del Estado”. Al día siguiente, el balance de paro total de camioneros era: más de 400 detenidos, bloqueo de carreteras y desabastecimiento de combustibles y otros elementos de primera necesidad. El 13 de octubre la Confederación del Comercio Detallista y Pequeña Industria, la Federación de Sindicatos de Choferes de Taxis, la Confederación de la Producción y el Comercio y la Confederación Nacional Única de la Pequeña Industria y Artesanado acordaron plegarse al paro nacional de los camioneros. Daniel Vergara, Subsecretario del Interior, anunció requisición de camiones, intervención de empresas y movilización general de trabajadores. Miembros de la Unidad Popular quemaron en Linares dos camiones, un taxi y un coche particular. En San Felipe, DIRINCO requisó 300 camiones. El Presidente Allende se dirigió al país en la madrugada del 13, diciendo: “No creo que llegue el momento para que llame al pueblo para que se vuelque a las calles”.

16 de octubre: El Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán, advirtió al país que “está en marcha un golpe de Estado de carácter civil”, como el que logró derrocar a Ibáñez en 1931. “¡Al país no lo paran los parásitos!”, vociferó el dirigente del MAPU, Pedro Correa. El Colegio de Abogados pidió al gobierno que destierre “prácticas y criterios extraños, cuya aplicación nos ha puesto al borde del caos social”. En las últimas horas del día, el Ministerio del Interior optó por querellarse contra la Sociedad de Fomento Fabril, los dirigentes máximos de los taxistas, los líderes sindicales de Dueños de Camiones y de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y El Mercurio (Breve Historia de la Unidad Popular, documento de El Mercurio, 1974).

Pocos días después, el Presidente haría su balance de la economía: “No tenemos ni un dólar, ni raspando la olla”, para rematar el 20 de octubre ante la Logia “Mosaico 125” en el Templo N°8 de la Masonería: “Sólo saldré de La Moneda en un pijama de madera”. Notable amor por su pueblo tenía el tristemente coronado Presidente, quien no salió elegido por la mayoría, sino tras firmar los Estatutos de Garantías Democráticas que luego violaría sistemáticamente. En realidad, la historia nos prueba, una y otra vez, que los amantes de la humanidad desprecian a las personas, en este caso, al extremo de haber estado dispuesto a convocar a una guerra civil. Así al menos se desprende de las declaraciones citadas más arriba, cuando frente al paro de los camioneros se pregunta si acaso no es hora de llamar al pueblo.

Hoy estamos como la rana en la olla y sería una tremenda irresponsabilidad esperar a que la situación empeore, porque ya sabemos cómo termina el cuento, con la rana hecha añicos. Para ello es necesario dar una señal firme que apunte sus dardos en dirección al Congreso. A estas alturas, con el semiparlamentarismo instalado de facto en la médula del poder, nadie podría interpretar que el paro de camioneros se hará contra un gobierno alicaído cuyo derrotero parece ir de la mano con el de una ciudadanía cansada de la violencia y del asambleísmo. Esta es la gran diferencia respecto del quiebre institucional del 73. Porque en esa época se pronunció el Congreso y el Poder Judicial en contra del gobierno. Hasta los mineros salieron a protestar exigiendo la renuncia del “representante” del pueblo. En cambio, la situación actual es distinta porque el quiebre del Estado de Derecho en la Araucanía lleva décadas de complicidad entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. O sea que la división de los tres poderes se ha difuminado y ya no operan los sistemas de control tipo check and balance, propios de la República. Pero, además, se suma que los chilenos todavía no sabemos quiénes fueron los que, “volando bajo el radar del derecho” (Atria, Fernando, La Constitución Tramposa), arrasaron con el metro y las ciudades más importantes sin encontrar resistencia. De modo que, ante el éxito de activistas y operadores políticos, manipulando desde los medios a la opinión pública, garantizando en tribunales la impunidad de terroristas y delincuentes, en suma, colaborando juntos para cargar de combustible una retroexcavadora que, al horadar las instituciones, promueve el enfrentamiento civil, es urgente actuar con determinación.

Señoras y señores: ha llegado la hora de exigir respuestas, acciones y responsabilidad política. No más amenazas; un paro de camioneros tiene hoy más sentido que mañana. Porque puede que mañana no haya ni para raspar la olla y, cuando eso suceda, tampoco tendremos qué transportar, por lo que el gremio habrá perdido el poder que detenta hoy. Ya sabemos que en sólo mil días nuestro país puede quedar sumido en el infierno. Ahora es el momento: la élite de activistas que tiene capturado al Congreso y al Poder Judicial debe enterarse de que Chile es un país libre y los ciudadanos exigimos se reestablezca el Estado de Derecho. La otra opción es quedarse en la olla… hasta que vuelvan las protestas con esa triste consigna que marcó los mil días del violento régimen de Allende: “El gobierno nos quitó lo que tanto nos costó […] el pan para nuestros hijos”. El problema es que, para entonces, la olla a presión habrá explotado destruyendo las vidas de millones de chilenos y chilenas que no lo merecíamos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el martes 25 de agosto del 2020.