El 4 de marzo de este año, el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich afirmaba que le preocupaba el nivel de convocatoria que podría tener el plebiscito del 26 de abril debido al incipiente coronavirus y cómo una baja adhesión podría significar un escenario muy complicado. Los opositores al Gobierno le respondieron con todo. Entre ellos, la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, quien le pidió más cautela y le solicitó que la definición técnica se aislara de la opinión política, para no generar más desconfianza en la población.

Cinco meses después, y luego de que en Chile ha habido cientos de miles de contagiados y miles de muertos por causa del coronavirus; luego de que millones de chilenos han vivido meses confinados en sus casas, sin trabajar ni estudiar; luego de 3 meses de consecutivas caídas de la economía y de un desempleo que llega a niveles históricos; nuestra pregunta, a la doctora Siches, es si la opinión técnica cree factible la realización del plebiscito el 25 de octubre.

Lamentablemente, la opinión política está clara: el Gobierno y la mayoría de los partidos políticos está dispuesta a realizar el plebiscito en las deplorables condiciones que nos encontramos. Por conveniencia, muchos actores están deseosos de iniciar campañas y de gastar recursos humanos y financieros, en llevar adelante un acto que podría significar una verdadera lápida para las intenciones del país de salir adelante y de vencer el impacto sanitario, económico y político del coronavirus.

El Partido Republicano, como lo hizo el 5 de marzo y lo vuelve a reiterar ahora, está en contra de esta decisión irresponsable.

Primero, porque en dos meses más no estarán las condiciones sanitarias para llevar adelante el plebiscito. Si bien la estrategia de salud ha sido la adecuada y hemos logrado reducir drásticamente los contagios, es evidente que mientras no haya vacuna, el virus seguirá circulando y un evento masivo, a lo largo de todo el país y que asegura aglomeraciones en todas partes, será un catalizador de contagios y el origen de un rebrote que puede ocasionar la muerte de muchos chilenos.

Segundo, porque la legitimidad del plebiscito está en juego. Las restricciones sanitarias y el miedo de la población influirá decisivamente en la baja afluencia de personas a votar, como ha demostrado la experiencia de otros países. ¿Qué legitimidad podrá tener un plebiscito donde no logremos que 2/3, esto es, más de 10.000.000 de chilenos, participen de la elección más importante de la últimas décadas? Ninguna. Eso significará la muerte del sistema política y la consagración del caos y desprestigio institucional: sin plebiscito y sin legitimidad del sistema actual, quedaremos en tierra de nadie, abandonados a nuestra suerte.

Por último, porque las condiciones económicas y sociales del país no toleran más incertidumbre ni abren espacios para la ambigüedad. Luego de tres meses consecutivos de desplome de la actividad económica y un desempleo que involucra a más de dos millones de chilenos que quedaron sin trabajo, la instalación de una asamblea constituyente terminaría por hipotecar definitivamente nuestro camino al desarrollo, reemplazándolo, lentamente, por la sentencia segura del subdesarrollo. Chile apenas resistió el estallido de octubre y saldrá muy dañado de la pandemia. Agregarle una conflictividad permanente por los próximos dos años y las incertezas jurídicas y sociales de la asamblea permanente alejarán cualquier posibilidad de recuperación social y económica.

Es hora de que la política escuche a la técnica, y más allá del voluntarismo del Servel, a los miedos del Gobierno y a los intereses de la elite política, tome una decisión a favor de los chilenos y del futuro de nuestra Patria. No dejemos que el plebiscito traiga más muerte y desolación a Chile.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el lunes 03 de agosto del 2020.