Los hechos de violencia registrados en los últimos tres meses en la región tienen nombre y apellido: Celestino Córdova. En prácticamente todos los atentados y ataques incendiarios perpetrados en La Araucanía se repite la consigna “libertad al machi y a los presos políticos mapuche”. Los municipios tomados la semana pasada, en al menos cinco comunas de la zona, tenían como objetivo fundamental la exigencia de que Córdova sea enviado a su domicilio a pasar el resto de la condena. Y no es una sentencia cualquiera: 18 años de cárcel, sin beneficios, por haber participado en el espantoso homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay.

Es duro hacer la siguiente pregunta, pero también inevitable y necesaria: ¿aceptarías que quien fue partícipe comprobado del crimen de tus seres queridos, a quienes quemaron vivos, deje la cárcel y se vaya a la casa? Me atrevo a pronosticar que una gran mayoría lo consideraría una injusticia y una burla hacia las víctimas. Porque pasar los casi 12 años de condena que te quedan en tu domicilio, en compañía de tus familiares, es un premio para esa persona que cometió tanto daño. Ni hablar que ese condenado por la justicia, el cual cada cierto tiempo vuelve a la carga con otra huelga de hambre y nuevas exigencias desmedidas, impide a la familia de las víctimas hacer el respectivo duelo y no la deja vivir en paz.

¿En qué se basa la exigencia de enviar a Celestino Córdova a su casa? En el Convenio 169 de la OIT, el cual dice, en su artículo 10 (punto 2), que “deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” a los miembros de pueblos indígenas. Este artículo no dice que sea obligatorio. Es más, indica “preferencia”, es decir trato preferencial. ¿Es justo con las víctimas, sean o no indígenas? Pareciera evidente que no.

Sigamos con el Convenio 169, pero en su artículo 9, el que dice: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”, agregando que “las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”. Es oportuno centrarse en este punto, porque en el año 2013, el entonces Sernam (hoy Ministerio de la Mujer y Equidad de Género), denunció que había hombres mapuche, acusados de violencia intrafamiliar contra sus mujeres, que estaban usando el Convenio 169 para ser exculpados. ¿Por qué? Porque por costumbre ancestral, tan sólo bastaba con una disculpa del agresor a la víctima. Desconozco si se sigue mal usando este artículo en estos casos, pero me imagino que, en tiempos de feminismo, esto sería un escándalo nacional si siguiese ocurriendo, y además corroboraría que no tiene sentido aplicarlo porque es evidentemente absurdo: si le rompes el brazo a tu mujer o la amenazas de muerte o la agredes sicológicamente, por plantear unos ejemplos, con una simple disculpa quedas libre.

Y vamos más allá: si asesinas a un matrimonio de adultos mayores en un incendio, eventualmente podrías pasar la condena en tu residencia; si hipotéticamente abusas o violas a un menor de edad o a una mujer, podrías pasar la condena en tu domicilio. Todo bajo el Convenio 169 que un grupo minoritario exige cumplir para Celestino Córdova y para otros ya condenados por delitos absolutamente reprochables. Aquí cabe preguntarse: ¿Estamos dispuestos a abrir esta puerta, que luego será imposible cerrar? ¿Qué ocurrirá, si se abre esta puerta, con los condenados no indígenas que cumplen sentencias por los mismos delitos? ¿No podrían exigir ser enviados a sus casas bajo la premisa de igualdad ante la ley? ¿No podrían iniciar las mismas huelgas de hambres para presionar en este sentido? Sería tan caótico como lo que ya vivimos en La Araucanía actualmente.

No menos extraño, por decirlo de algún modo, es que la huelga de hambre de un machi sea la chispa que ha encendido esta nueva escalada de violencia, en circunstancias que, en la cosmovisión mapuche, el machi cumple, en otras cosas, la importante labor de hacer el bien, lo cual en el caso de Córdova no ha ocurrido desde el momento en que participó en el ataque incendiario en el que falleció el matrimonio Luchsinger Mackay. Apelar a su condición de “autoridad espiritual” tampoco lo exculpa ni lo hace menos responsable. De lo contrario, tendríamos que considerar inocente a toda “autoridad” por el sólo hecho de serlo, lo cual sería el peor de los absurdos.

El pueblo mapuche es en su gran mayoría pacífico, rechaza la violencia y no se siente representado por grupos como la CAM ni menos por convictos como Celestino Córdova o imputados como Freddy Marileo (otros de los huelguistas de hambre), quien está acusado de asesinar a los hijos del lonco José Cariqueo. No permitamos que las genuinas demandas indígenas sean acaparadas por una minoría radicalizada, la cual incluso, en voz del terrorista Héctor Llaitul, está preparada militarmente para seguir cometiendo atentados si las cosas no se resuelven a su modo.

Esto no es racismo; tan sólo es ser racional y no permitir que quienes apoyan a criminales se adjudiquen, arbitrariamente, la representación de todo un pueblo que merece verdaderos líderes y no amenazas a quienes se han atrevido a enfrentarse a estos grupos y comunidades violentas. Sin ir más lejos, esta semana el lonko Aniceto Norín denunció un ataque incendiario a sus maquinarias y acusó directamente a comuneros radicalizados. Este ejemplo, junto con el homicidio de los hijos del lonko Cariqueo, nos demuestran claramente que el problema no es el racismo, sino la extrema violencia de unos pocos que incluso agreden y amenazan a personas de su mismo pueblo por no unirse a su forma de lucha.

Cuando los violentistas sean frenados y surjan los auténticos representantes mapuche (que sin duda los hay), estoy seguro que el diálogo será fructífero y La Araucanía vivirá finalmente en paz y armonía entre todos y cada uno de sus habitantes. Pero para eso, la señal debe ser una sola: Celestino Córdova y los demás condenados en huelga de hambre deben cumplir sus respectivas sentencias en la cárcel. No hay otra opción para evitar que una minoría radicalizada se imponga a una mayoría sensata.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el jueves 06 de agosto del 2020.