Al continuar nuestro análisis del Programa de la UP y del modo en que su candidato, Salvador Allende, lo desplegó en la campaña, nos hacemos cargo ahora del problema de la confusión de los Poderes del Estado.

En este tema, el Programa de la Unidad Popular introducía un cambio respecto de la tradicional división de poderes, al establecer que “se creará una organización única del Estado estructurado a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del pueblo como órgano superior del poder”, para lo cual, normas específicas determinarían y coordinarían las atribuciones y relaciones del Presidente, los Ministros, los órganos regionales y locales del poder y los Partidos políticos, con dicha Asamblea.

Por su parte, Allende fue más claro que el Programa, ya que ratificó en varias ocasiones formalmente las doctrinas de la democracia liberal sobre la división de poderes. Decía en mayo de 1970: “El poder radicará en tres organismos: El ejecutivo, el Parlamento y el Poder Judicial”, pero no pudo dejar de agregar que serán “organismos esencialmente democráticos, no como ahora”.

A lo largo de la campaña, el candidato no se enfrentó abiertamente con la mezcla de poderes que establecía el Programa, en evidente beneficio del Legislativo, aunque procuró manifestar con claridad la independencia del Ejecutivo.

Las facultades de este último poder no estaban definidas con exactitud en el Programa, pero como se criticaba “el Presidencialismo dictatorial” y se establecía la supremacía de la Asamblea del Pueblo, el Presidente quedaba tácitamente disminuido como efectivo titular del Poder Ejecutivo. Es cierto que el candidato de la Unidad Popular también creía “inconcebible que un hombre pueda ser el árbitro supremo de la marcha del país”, por lo que consideraba “lógico y justo que haya un Comité Coordinador”, pero tampoco se cansó de afirmar que no se convertiría “al Presidente de la República en un pelele”, haciendo ver su voluntad de primar sobre toda coordinación.

En cuanto al Poder Legislativo, ya hemos mencionado que el Programa lo entregaba a “la Asamblea del Pueblo que será la Cámara única que expresará nacionalmente la soberanía popular”. Allende se refirió al tema en escasas oportunidades, demostrando con sus silencios su preocupación por la forma peligrosamente amplia en que dicha Asamblea estaba concebida. Ratificó las líneas generales, aunque evitó entrar en detalles comprometedores para el Ejecutivo.

Pero ciertamente, las cuestiones más delicadas se planteaban en la concepción programática del Poder Judicial. Confirmando la confusión de poderes en favor del Legislativo, el Programa entregaba a la Asamblea del Pueblo la designación de los miembros del Tribunal Supremo, el que generaría “libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados del sistema judicial”. Todo esto, con el objetivo que una nueva concepción de la magistratura reemplazase a la vigente, calificada como “individualista y burguesa”.

El tema fue reiteradamente consultado al candidato de la Unidad Popular, quien enfáticamente negó la eventual existencia de “tribunales populares” en su eventual régimen de Gobierno, pero se mostró abiertamente partidario de un nuevo sistema, afirmando con decisión que “nosotros implantaremos un auténtico y libre Poder Judicial (porque) no queremos una justicia ciega”. Esta nueva luz permitiría ser “implacables para sancionar delitos que son más graves que los cometidos por hambre o necesidad”.

Finalmente, es interesante dedicar un párrafo a las Fuerzas Armadas. El Programa procuraba redefinirlas en función de su contribución “al desarrollo económico del país, sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía”. Se afirmaba enfáticamente que jamás se permitiría el uso de las Fuerzas Armadas “para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extranjeras”. De igual manera se consideraba la misión de la policía.

Allende precisó que la renovación de las Fuerzas Armadas no iba a consistir en sustituirlas “por milicias populares o por un ejército popular”, pero insistió en que procuraría que “estén más y más cerca de nosotros en el proceso revolucionario”. Incluso más, a ellas se les adjudicaría “un rango destacado y protagónico en el proceso de liberación y desarrollo del país”.