En esta tercera entrega sobre el Programa de la UP y el modo en que Allende lo desarrolló en su campaña, nos vamos a referir a la reformulación de las Libertades Públicas.

El programa electoral de la Unidad Popular suponía que el pueblo de Chile, hasta 1970, había conquistado “a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua”. 

Mas el grado de desarrollo de esas libertades y garantías era considerado abiertamente insuficiente por el Programa. Incluso más, se afirmaba que mientras se mantuviesen las estructuras de dominación vigentes, las masas populares jamás conseguirían la plenitud de los derechos democráticos. Por eso, consolidado el eventual triunfo de la candidatura popular, se abriría paso “al régimen político más democrático de la historia del país”.

En efecto, se afirmaba que “la libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización (regirían) efectivamente” sin las cortapisas con que, supuestamente, eran limitados hasta la fecha por las llamadas clases dominantes. A esas garantías se sumarían “el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto”.

Mas, al poco tiempo de comenzada la campaña electoral, el candidato presidencial afirmó: “Vamos a cambiar las instituciones y la sociedad. No vamos a suprimir el derecho a discrepar, salvo en aquellos casos en que se sabotee el programa popular”.

El problema más delicado se presentaba, por lo tanto, en lo relativo al ejercicio de los derechos políticos. El Programa aseguraba: “El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerzan dentro de los marcos legales”, pero eran llamativas algunas omisiones dentro del Programa: por una parte, la ausencia del derecho de asociación, sustituido por un ambiguo “derecho de organización”, y, por otra, la omisión de toda referencia expresa a los partidos políticos, también suplantados en el Programa por “las diversas corrientes de opinión”, las que confluirían y se manifestarían en la Asamblea del Pueblo.

En algún momento de euforia próximo al acto electoral, Allende afirmó que “no sólo los partidos que me apoyan, sino que todos los partidos políticos y los de oposición podrán ejercer y actuar de acuerdo con las garantías amplísimas que en el Gobierno del Pueblo van a tener”, mas también agregó: “Pero quienes van a desaparecer entre éstos, son los que se llaman alessandristas, que no obedecen ni a ideas, principios, ni a doctrinas”. A estos mismos sectores, formados por “los grupos reaccionarios”, Allende los encuadró entre “las principales dificultades que encontrará el pueblo en la construcción de la nueva sociedad”. Y en cuanto a los miembros de la Asamblea del Pueblo, Allende intentó una filigrana, al afirmar que “el pueblo elegirá a los que estime convenientes que vayan, pero irán aquellos que representen los intereses de Chile y los intereses de las mayorías nacionales”. El candidato fijaba así las limitaciones para el ejercicio de los derechos políticos.

A lo anterior se sumó el gran interés que suscitó la concepción de la candidatura de la Unidad Popular sobre las libertades de prensa e información. Ciertamente, el Programa era tácticamente ambiguo en sus formulaciones sobre la materia, por lo que le correspondió al candidato precisar su contenido.

Decía el primero que los “medios de comunicación (radio, editoriales, televisión, prensa, cine) son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y de un hombre nuevo. Por eso se deberá imprimir-les una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando de ellos la presencia nefasta de los monopolios”.

Por su parte, para Allende, la situación de la prensa era mucho más alarmante: “Los detentores del gran capital” y “los grandes intereses comerciales”, unidos al imperialismo norteamericano controlaban casi por completo el sistema, privando “de exteriorizar sus opiniones a quienes difieren de sus puntos de vista de los grupos que dominan económicamente los medios de información”. Todo esto derivaba en “una falta absoluta de objetividad y de cumplimiento del deber de informar”.

¿Cómo revertir esta situación?

El candidato se mostró, en el comienzo de su campaña, partidario “de la más irrestricta libertad de prensa”, pero a medida que pasaron los meses fue cada vez más tajante para asegurar que algunos medios serían, “nacionalizados”, “chilenizados” o “democratizados”, “para que todos, y fundamentalmente los más, que son también los que más tienen que decir, tengan posibilidades concretas de difundir su pensamiento”.

Una nueva legislación se convertiría en el instrumento de la transformación hacia la existencia “por primera vez en Chile (de) una prensa democrática”. En su dictación participarían decisivamente los propios trabajadores de la prensa, los cuales deberían crear un sistema de administración cooperativa de las empresas periodísticas en las que estarían ellos mismos representados con su voz y su voto, dirigiendo los órganos informativos. Por ley, ellos también fijarían la ética general del gremio, marco de todo el ejercicio de la libertad de prensa y de sus restricciones. En este sentido, Allende no propuso entregar el control futuro de los medios directamente al Estado, sino a los trabajadores del gremio.

Ya se ve, las señales totalitarias se asomaban por todas las rendijas.