En esta cuarta entrega sobre el Programa de la UP y el modo en que lo desarrolló Allende, nos detendremos en el caso del derecho de propiedad, que ciertamente merece una consideración particular.

El Programa de la Unidad Popular, más que extenderse sobre su existencia y alcance, pretendía “terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile”. Para ello, establecía tres áreas de propiedad: social, mixta y privada.

La primera de ellas estaría integrada por los frutos de la nacionalización de “aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de los capitalistas extranjeros y de los monopolios internos”, a lo cual se sumaría todo “el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros”, el comercio exterior, las grandes empresas de distribución, los llamados “monopolios industriales estratégicos” y, en general, “aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la pe-troquímica y química pesada, la celulosa, el papel”. Instrumento para formar el área sería la expropiación, de cuyas modalidades y alcances el Programa no hacía sino una precisión: todas esas expropiaciones se harían “con pleno resguardo del interés del pequeño accionista”. 

Establecía además el Programa la creación de un área mixta, integrada por empresas que combinasen capitales del Estado y de los particulares, sin mayor especificación de sus características.

Respecto del sector agrícola, se decía que “los predios que exceden a la cabida máxima” y la totalidad de sus activos, dejarían de pertenecer a sus dueños, pasando al dominio de cooperativas, con una difusa influencia estatal.

Con relación al área privada, el Programa no podía ser más lacónico, puesto que aunque afirmaba que las empresas en dicho régimen serían la mayoría, las caracterizaba vagamente como “aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción”, lo que significaba radicar en la sola voluntad del legislador, sin consideración alguna por categorías jurídicas superiores, la determinación del alcance del dominio privado. Es decir, el Programa, al definir esta área sólo por exclusión respecto de las demás, no reconocía en realidad el derecho de propiedad sobre los medios de producción.

Allende, por su parte, dio una importancia central a las áreas de la economía en su campaña electoral. En concreto, se refirió con frecuencia al área social, sin dejar de insistir en los mecanismos de expropiación, en las nacionalizaciones, chilenizaciones, etc., por los cuales se le daría forma. Decía, en enero de 1970, que su política en la materia consistiría en “la nacionalización absoluta, pronta, definitiva, pero no sólo del cobre, sino de todas las riquezas básicas en manos del capital foráneo. Nada de términos medios, todo o nada (…). Es una necesidad económica y social que nadie puede negar”, y después de varios meses de campaña, insistía en Chuquicamata: “Necesitamos los minerales básicos de la Patria y expropiar los monopolios, porque el régimen y el sistema no permiten satisfacer las necesidades esenciales del hombre de Chile”.

No menos enfático fue el candidato cuando se refirió a la Reforma agraria: afirmó que era su propósito “erradicar definitivamente el latifundio, expropiar inmediatamente toda tierra no trabajada o no cultivada y aplicar drásticamente la expropiación a toda extensión que exceda los mínimos no expropiables”.

En cuanto al mecanismo para formar el área social, Allende evitó pronunciarse con precisión. Afirmó que se procedería “de acuerdo con las leyes en vigor… pero dentro de este mecanismo jurídico nos esforzaremos porque Chile y los chilenos se vean gravados sólo con lo que corresponda pagar”. Incluso, cuando se refirió a las expropiaciones agrícolas, sostuvo que se estaba en presencia de una materia “en extremo relativa”.

Pero, en sus intervenciones públicas, Allende encontró la figura retórica adecuada para justificar el proceso de expropiaciones. En efecto, sostuvo que la inflación “cada día… expropia alguna parte del bajo ingreso de cada chileno (…). Esta expropiación lleva más de un siglo”, por lo que se hacía necesario compensarla con las nuevas expropiaciones.

La pérdida del derecho sobre ciertas propiedades -siempre calificadas como monopolios o latifundios por el candidato de la Unidad Popular-se hizo patente en las innumerables ocasiones en que Allende se refirió a la “herida” que él causaría al “10% de malos chilenos que han vendido la Patria”. En otras ocasiones habló indistintamente del 5, del 4, del 3 y del 2%, pero en todas fue igualmente enfático para asegurar su voluntad de expropiación.

Incluso más, en varias oportunidades se refirió a un total de 150 empresas que serían nacionalizadas, citando a algunas de ellas, como la Papelera, la Sociedad Ganadera de Magallanes y Cemento Melón, entre otras. Las nacionalizaciones, afirmó en una oportunidad, se cumplirían “en forma seca, definitiva e integral, porque queremos que las riquezas sean para Chile y los chilenos. Nada se hará en parcialidades”.

En cuanto a las áreas mixta y privada, Allende fue sintomáticamente parco en sus declaraciones. En todo caso, la pequeña y mediana empresa no tendrían nada que temer, afirmaba el candidato, porque tendrían acceso a un crédito, a una banca, también nacionalizados. La garantía resultaba a todas luces muy paradójica.