Uno suponía que había voluntad de acuerdo, exceptuando a aquellos a quienes la palabra “acuerdo” les provoca náuseas y que no participan en la instancia o se retiran antes de firmar. Es lo que ocurrió con Revolución Democrática cuando el domingo 14 se firmó el acuerdo económico social para enfrentar la pandemia, que considera fondos por US$12 mil millones para enfrentar la emergencia social, reactivar la economía para mantener los empleos superada la cuarentena y reordenar las finanzas públicas.

Pero esta semana quedó claro que esa intención, si alguna vez estuvo en la mente de los tres partidos firmantes de la ex NM que lo suscribieron -la DC, el PPD y el PS-, no era aunar esfuerzos para enfrentar la pandemia, sino que salvar la presión pública. Era impresentable que no firmaran y siguieran postergando los beneficios del gobierno a los más vulnerables para aparecer ellos como los titulares de programas más generosos.

En cuestión de días, sin embargo, los firmantes volvieron a enarbolar el desacuerdo y la crítica destemplada como modo de relación con La Moneda. Es así como:

1. Pidieron en una carta de 35 carillas con todos los otros partidos de izquierda crear instancias resolutivas con trabajadores, dirigentes sociales, expertos y parlamentarios conducir un giro en la estrategia de salud. Es decir, un cogobierno que algunos de sus dirigentes defendieron como una “política de Estado”, omitiendo que el gobierno elegido perdería la conducción.

2. Apoyaron mociones inconstitucionales para asignar recursos a determinadas iniciativas, como retirar fondos de las AFP o extender el post natal durante la emergencia, cuando lo que buscaba el acuerdo era justamente ordenar lo que razonablemente se puede hacer para mitigar las consecuencias de la pandemia y no estar al garete con iniciativas millonarias que descalifican lo que obra el gobierno para aparecer ellos como los únicos que empatizan con los afectados. Esto último ocurrió con el acuerdo al que llegó el gobierno en marzo con las empresas de servicios básicos, que fue prácticamente replicado por una ley inconstitucional y también con la moción de extender el post natal durante la emergencia. Está la oposición empeñada (salvo excepciones) en hacer prevalecer esta opción y no la del gobierno que establece un mecanismo para beneficiar a 850 mil padres y no 22 mil madres que tendrán dificultades con el cuidado de sus hijos menores de 7 años (porque ahí se puso el límite de edad) para volver a trabajar con las guarderías, jardines y colegios cerrados.

3. Se abalanzaron a acusar al Presidente por proponer el lunes pasado convocar a una comisión de expertos para perfeccionar “los criterios y procedimientos con el Congreso determina la admisibilidad de las mociones y proyectos de ley”. Lo consideraron una intervención sacrílega en sus atribuciones, pero no se les hace ni pecado que las mesas directivas y ellos estén violando la Constitución haciendo propuestas que irrogan gastos o que son materia del Ejecutivo, como la seguridad social. Tampoco se condice la alharaca porque un cambio de ese tipo requeriría los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, de manera que sin su consentimiento no hay nada.

Es cierto que el Ejecutivo parece no atreverse tampoco a usar las herramientas que tiene para exigir que los proyectos que aprueba el Congreso no sean contrarios a la Constitución, como recurrir al Tribunal Constitucional o vetarlos. Pero esas atribuciones tienen sentido en circunstancias normales y no para el actual estado de crispación, donde la presentación de mociones que infringen la Carta Magna ha sido incluso más agresiva que el mismo coronavirus que busca mitigar la gran mayoría de las 27 iniciativas de este tipo presentadas en la Cámara y las 19 en el Senado. La presidenta del Tribunal Constitucional, M. Luisa Brahm, a su vez, se ha empeñado en terminar la obra de deslegitimación de esa instancia, haciendo aparecer como casi irrelevante su pronunciamiento que, de no darle en el gusto a la oposición, se traduce en una cascada de descalificaciones. Dejà vù…

Es evidente que los partidos de oposición buscan cómo apearse frente a las 8 elecciones que se vienen en el próximo año y medio. Y han optado por lo que los une -descalificar cualquier proyecto del gobierno- y por hacer realidad el “parlamentarismo de facto” que anunciaba en enero el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana. En vez de sumarse con opinión a una verdadera política de Estado para enfrentar la crisis más severa que tengamos recuerdo todos los vivos, han optado por aprovechar la debilidad del Ejecutivo, primero por el estallido social y ahora por la pandemia, para ensayar un tipo de régimen fuera del ordenamiento jurídico que le permita aumentar su poder a la mayoritaria oposición parlamentaria.

La extrema izquierda lidera este proceso de socavamiento institucional porque le sigue poniendo la quilla a la ex Concertación con sus querellas judiciales contra el Presidente, ex ministro Mañalich y subsecretarios de Salud (el alcalde comunista DanielJadue) y las amenazas de acusaciones constitucionales del Frente Amplio.El ensañamiento obsesivo fue evidente en el funeral del cercano tío del Presidente, monseñor Bernardino Piñera, la semana pasada. Que si habían 4 o 5 del coro fuera del protocolo sanitario de los entierros o que si la urna fue abierta estando o no sellada. La escalada de odio los hizo perder la brújula que se trataba de despedir a un sacerdote que fue muy cercano a la izquierda en la dictadura.

La colaboración para obtener fines comunes nos distingue a los seres humanos. Lamentablemente, la izquierda, cada vez que está fuera de La Moneda porque pierde las elecciones, ha elegido lo contrario. No es fácil para ella pensar en recuperar el poder desunida y sin un liderazgo fuerte. Pero ya han probado que la estrategia de combatir al gobierno con todo, saltarse la ley y sembrar la desconfianza por doquier tampoco los beneficia a ellos. Lo que sí han obtenido es mantener al país al filo del precipicio.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el lunes 29 de junio del 2020.