En el Memorial del Holocausto de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, se lee el siguiente poema:

“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.

Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.

Lo escribió el pastor luterano alemán Martin Niemöller como reflexión de su propia experiencia con el régimen nazi, con el que al principio simpatizó pero después se opuso, lo cual le significó estar en un campo de concentración desde 1941 a 1945. 

La experiencia de Niemöller es aplicable a lo que ocurre hoy en Chile: me refiero a la violación de la Constitución implicada en las leyes de postnatal de emergencia y de retiro anticipado de una parte de los ahorros previsionales. Porque más allá del fin perseguido, es innegable que con ellas se ha vulnerado la normativa constitucional al invadir el ámbito de iniciativa exclusiva del Presidente de la República para presentar proyectos de ley y el quórum requerido para su aprobación, con el lamentable resultado de que ahora la mayoría parlamentaria circunstancial puede hacer lo que quiera sin importar lo que diga la Constitución. En simple, estimado lector, ha caído la última defensa que nos protegía de la arbitrariedad; nuestras libertades rigen mientras a los parlamentarios —la que literalmente peina la muñeca, el irreverente que se pone a cantar en plena sesión, el odioso que frente a la webcam se pasa la mano por usted sabe dónde, el gelatinoso que hoy proclama una cosa y mañana otra…— no se les ocurra otra cosa. 

¿Cómo llegamos a esto? Fue un proceso gradual, como el de la rana hervida. Cuando estudiaba Derecho en los años 80 aprendí que la amnistía operaba de inmediato, es decir, que si en el proceso de investigación de un supuesto delito se verificaba que éste había ocurrido en el período cubierto por una ley de amnistía, el sobreseimiento debía ser inmediato. Pero a principios de los 90 el presidente Aylwin —eximio abogado— sacó un conejo de debajo del sombrero: “comunicó” a los jueces que la amnistía no impedía investigar los delitos aunque finalmente no pudiesen ser sancionados. Con ello le hizo una finta a la ley dictada por el gobierno militar que amnistió los delitos de violencia política cometidos entre 1973 y 1978, ley que benefició más a violentistas de izquierda que a uniformados y cuyo fin fue contribuir a pacificar el país.

“Hagamos justicia en la medida de lo posible” fue el lema de don Patricio, olvidando que no hay justicia sin Derecho. La “doctrina Aylwin” fue una versión elegante de la vieja lógica consecuencialista “el fin justifica los medios”. Fue aplicada por los jueces sólo para investigar casos en que los culpables fuesen uniformados y no sólo vulneró la amnistía sino también el principio republicano de la separación de los poderes que establece que los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) son independientes. Pero la mayoría de los chilenos no reparó en ello, algunos por ideología y otros porque simplemente no les afectaba. 

Como el mero hecho de que se conociera la identidad de los uniformados culpables de delitos de violencia política no fue suficiente, hubo que crear otro resquicio para poder castigarlos. Surgió entonces la doctrina del “secuestro permanente”, burda ficción según la cual las personas desaparecidas por obra de la represión de la “dictadura” no debían ser consideradas muertas mientras no se encontraran sus cuerpo sino secuestradas, y como el delito de secuestro es continuado en el tiempo no cabía considerarlo prescrito. Esta nueva versión de “el fin justifica los medios” abrió la puerta a juicios por violaciones de derechos humanos que bajo el imperio del Derecho nunca hubiesen sido posibles, pero la mayoría no reparó en ello por las mismas razones mencionadas. 

Como era de esperar, los juicios fueron tramitados con marcado sesgo y gran descuido por las normas del debido proceso en perjuicio de los uniformados, a lo que se agregaron más tarde otras violaciones a principios jurídicos universales. Pero a casi nadie le importó pues el país vivía una bonanza económica y una paz social que no merecía ser perturbada por lo que le estuviese ocurriendo a unos pocos. Por esos años discutí el tema con un primo que estudió Derecho en la misma época que yo haciéndole ver que la ficción del secuestro permanente era mentira y su postura fue que, si bien lo era, de alguna manera había que castigar las violaciones a los derechos humanos. Mi primo era de derecha pero se había tragado la revisión histórica de la izquierda y su principal preocupación —y ocupación— en ese entonces era labrar su situación profesional y económica, así que las arbitrariedades judiciales que afectaban a otros no le importaron. 

Las ficciones de la izquierda continuaron y con el tiempo se hicieron más grotescas. Todos sabemos del mecanismo de las indemnizaciones a los “exonerados políticos” que permitieron a muchos —incluso a algunos que vivían en el extranjero— recibir un pago del Estado a perpetuidad por haber sido expulsados del abultado aparato estatal que mermaba las arcas fiscales en el inicio del gobierno militar. Para acceder al beneficio bastaba con un certificado emitido por un parlamentario y, como era de esperar, los legisladores se apresuraron a ejercer la generosidad con nuestros impuestos emitiendo los documentos a tajo y destajo. Pero muchos votantes siguieron prefiriendo a la izquierda y políticos de derecha siguieron transando con ella. 

Faltaba la más nefasta de las faltas de respeto al Derecho. Nuestra Constitución reconoce “el derecho a la vida del que está por nacer”. Sin embargo, hace tres años el Tribunal Constitucional estimó que la ley de aborto en tres causales aprobada por el Parlamento no vulnera “el derecho a la vida del que está por nacer”. ¿Cómo explicar tamaña contradicción? Da lo mismo, la izquierda siempre encuentra la manera de lograr sus objetivos sin importar lo que diga el Derecho. Esta vez muchos se preocuparon y reclamaron, pero fueron muchos también los que, dado que habían abandonado el vientre materno hace tiempo, el asunto no les quitó el sueño. 

A poco de asumir Bachelet 2, mi primo me dijo que estaba asustado. Ahora debe estarlo más pues, como abogado, sabe que la aprobación de la reforma constitucional que permite el retiro anticipado de una parte del ahorro previsional deja al Presidente de la República sin poder para gobernar y convierte las normas constitucionales que protegen nuestras libertades en letra muerta. Porque la misma lógica que se usó para perseguir a los supuestos culpables de violaciones a los derechos humanos y para despenalizar el asesinato de los niños por nacer se va a usar ahora para expropiar el 90% de sus ahorros previsionales y el 2,5% de su patrimonio que con tanto ahínco forjó, y quizás qué otras tropelías vendrán.

La indiferencia y apatía de mi primo —y de tantos otros de centro, de derecha o apolíticos— permitió que la izquierda fabricara la plataforma sobre la que emplaza su tiranía. Debe estar aterrado pues sabe que ahora vienen por él y sabe que ya es tarde.