Con la disminución de aglomeraciones, fruto de las cuarentenas y del toque de queda, es evidente la disminución en hurtos y robos sin violencia. Sin embargo, se ha podido observar en algunas comunas de la Región Metropolitana un aumento en los delitos violentos. La locomoción pública, farmacias, estaciones de servicios y vehículos en horarios de la mañana parecen emerger como objetivos recurrentes en contextos donde la actividad delictiva enfrenta cambios en sus modos de operar. La ausencia de puntos de venta nocturnos en lugares de entretención, el control territorial por la Policía y Fuerzas Armadas ha generado un descenso de la capacidad de distribución de la droga para el microtráfico, en tanto que el narcotráfico adicionalmente ha reducido su oferta a los minoristas para consolidar sus operaciones de transporte de drogas al extranjero.

En marzo, se cerraron en Chile las fronteras para el tránsito de personas extranjeras, no así para el ingreso y despacho de carga ni de empresas de transporte en general, con el fin de garantizar el suministro de mercaderías. Esto representa una oportunidad para los mayoristas de la droga para movilizarla y despacharla por vía terrestre o marítima en más de una veintena de puntos de embarque fuera de control. Chile ya está entre los tres países de origen de droga hacia el mercado Europeo, con incautaciones de decenas de toneladas en transporte marítimo, incluso en puertos de Estados Unidos.

El narcotráfico opera como un sistema de negocios con tipos de delitos que generan recursos inmediatos y otros generan rentabilidad. Entre los delitos de “caja”, aparte del microtráfico, están los asaltos al comercio y cajeros automáticos; hay otros funcionales como el robo de automóviles, pero hoy, con la crisis del Covid-19 y la disponibilidad de dinero ilícito, es preocupante que aumente su área de influencia a través del financiamiento a quienes no tienen acceso al sistema formal. El narco ha ido tejiendo sus redes de la mano del “crédito informal”, ganando espacios donde el Estado se resta y en que la cohesión social se destruye. Todo con el fin de aumentar la capacidad de controlar territorios. De allí que somos sido testigos del uso de fuegos artificiales como demostración de poder e impunidad para crear condiciones distractoras del movimiento de droga.

La menor disponibilidad de drogas en los barrios durante la pandemia tiene como efecto inmediato la disputa territorial violenta. Asimismo, la crisis económica que estamos viviendo puede gatillar efectos de mediano plazo en conductas problemáticas como la deserción escolar, antesala -junto a otros elementos- del involucramiento delictivo temprano. En la experiencia de Fundación San Carlos de Maipo con el modelo “Comunidades que se Cuidan”, que se implementa en cuatro comunas de la Región Metropolitana, junto a la Universidad de Washington, podemos identificar que existen recursos comunitarios para reducir las brechas que permiten actuar al narcotraficante con impunidad.

Para ello es necesario enfrentar factores de riesgos que afectan a nuestros niños, de tal forma de abordar las causas tempranamente y no sólo las consecuencias del consumo. Por eso que creemos necesario invertir más decididamente en prevención social, con una oferta de programas con evidencia que fortalezcan factores protectores en la familia, en la escuela y en la comunidad, así como dar una lucha frontal contra la exclusión social, recuperando los espacios degradados, integrando la ciudad y acercando las oportunidades. La crisis sanitaria ha develado una realidad profunda de la que debemos hacernos cargo y construir una sociedad más sana, que recupere los espacios arrebatados por la delincuencia organizada para poder avanzar en torno al desarrollo positivo de nuestra Infancia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el domingo 07 de junio del 2020.