“Les aprobamos la idea de legislar el proyecto, pero les rechazamos el monto”, dijo desafiante en un matinal el exministro Francisco Vidal al titular de Hacienda, Ignacio Briones, a raíz de la iniciativa presentada por el gobierno para ir en ayuda de los trabajadores informales. Éste, acertadamente, lo corrigió: “no es al gobierno a quien le aprueban, sino a los chilenos que lo necesitan”. Este episodio muestra muy bien la diferencia entre quienes se esfuerzan por diseñar buenas políticas públicas para ir en ayuda de los chilenos afectados por la contingencia y quienes, en cambio, actúan más bien guiados por cálculos que -como les recomendó el propio Mandatario argentino- los lleve a recuperar el poder.

Si bien esta forma de ver la política no es nueva, la crisis que vivimos la ha dejado en evidencia con mucha mayor claridad. Anteriormente, proyectos como el de sala cuna universal, subvención para la educación parvularia o el seguro de salud para la clase media, aunque permiten otorgar mayor bienestar y tranquilidad a los chilenos, habían sido torpedeados por quienes ven que su aprobación se reduce a hacerle un favor al gobierno. La diferencia es que hoy no tenemos espacio para ese actuar mezquino.

El gobierno presentó un proyecto de ley que crea un Ingreso Familiar de Emergencia para hogares más vulnerables que dependen de fuentes de ingresos informales que se han visto interrumpidas por la contingencia. Se trata de un desafío tan urgente como complejo, pues requiere identificar y llegar a personas que -precisamente por su condición de informalidad laboral- están desprotegidas y no forman parte de los registros oficiales mediante los cuales se dirigen las prestaciones estatales. Frente a esa dificultad, el gobierno diseñó una propuesta para identificarlos, actualizando el Registro Social de Hogares y realizando una reclasificación socioeconómica que incorpore su situación más reciente. La imposibilidad de anticipar cuántos podrían entrar a formar parte del nuevo registro, sin embargo, obliga a ser conservadores con la definición del monto de las ayudas y así cuidar que los recursos alcancen.

Pero los diputados de oposición exigen tirar hoy toda la carne a la parrilla. Cuando ni siquiera sabemos qué evolución tendrá la crisis en la segunda parte del año y si será necesario financiar nuevos apoyos. Sin duda el monto del beneficio a entregar es debatible, pero dentro de ciertos límites que impone la realidad y que los legisladores están excediendo. Saben que el gobierno es el responsable de administrar las finanzas públicas, pero es posible que, desde su lógica, piensen que cumplir correctamente esa labor podría traerle réditos que como oposición no toleran, pues lo ven como una desventaja para sus anhelos de recuperar el poder. Esperemos que esa no sea la visión que prime en el Senado y que éste llegue a un acuerdo para que el Ingreso Familiar de Emergencia vea la luz. No por el bien del gobierno, sino de los chilenos que hoy lo necesitan.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La tercera, el domingo 3 de mayo de 2020.