Los chilenos estamos consternados por la incapacidad del Estado para mantener el orden público. Para varios, el responsable de esto parece ser el Presidente de la República. Así, Rene Cortázar lo emplaza en El Mercurio a tomar la “firme decisión” de controlar a los violentistas. Asimismo, otros como Alejandro de la Carrera sugieren que no tendría voluntad de actuar por miedo a ser perseguido criminalmente.

Por mi parte, creo que el Presidente y su gabinete no han tenido un buen desempeño: han sido tímidos en la defensa de los ciudadanos, han dejado a carabineros ser víctimas del escarnio público, han comprometido el orden institucional cediendo a impulsar una asamblea constituyente, les ha faltado entereza para enfrentar las acusaciones constitucionales, por su debilidad han hecho ver la violencia como una alternativa política viable y han carecido del liderazgo necesario para llevar al país fuera de la crisis. Sin embargo, creo que la culpa de este descontrol y fracaso del estado de derecho va más allá de La Moneda y alcanza a otros poderes del Estado e instituciones sociales a quienes también debemos llamar a hacerse cargo de su responsabilidad.

Partamos con los políticos de izquierda; prestos a invocar cualquier llamado a mantener el orden público como un actuar fascista y contrario a los derechos humanos, y a acusar constitucionalmente a las autoridades del Ejecutivo sin mayores antecedentes. Varios son incapaces de aprobar leyes necesarias para mantener la seguridad invocando el derecho a reunión o sugiriendo, sin mayores pruebas, toda clase de inconvenientes. Otros defienden el actuar violento, prestan el Congreso Nacional para actos claramente antidemocráticos, despliegan un lenguaje de odio, llaman a subvertir el orden público e incluso sugieren homicidios. Por su parte, la izquierda moderada ha sido incapaz de separarse claramente de los extremistas y, aunque hablan de la necesidad de proteger el orden público, poco colaboran con las autoridades encargadas.

Sigamos con los jueces y fiscales. Los primeros han tendido a ser blandos y excesivamente exigentes en la aplicación de medidas cautelares. Además, muchos han incumplido sus deberes legales, tomando partido en las manifestaciones o respaldando alguna postura política. Entre los segundos, hay varios que no han procesado a violentistas, mientras otros han pedido la prisión preventiva contra carabineros o militares envueltos en acusaciones de uso desmedido de la fuerza en el contexto de las manifestaciones. Actitud que parece incluso ilegal, pues es difícil suponer que una persona que en circunstancias extremas excede los términos de los protocolos de seguridad sea un peligro para la sociedad (requisito de la prisión preventiva); ¿no será suficiente suspenderlo de sus funciones y proseguir con el proceso en su contra?

Finalmente, hablemos de la prensa, Iglesia Católica y líderes de opinión. La primera siempre dispuesta a justificar el actuar de los manifestantes, reducir la envergadura de la violencia desplegada y presta a denunciar el actuar policial. En la segunda, una serie de sacerdotes han dirigido sus prédicas y oficiado ceremonias respaldando el actuar de grupos violentos e incluso pidiendo la liberación de los detenidos (ej. la misa oficiada recientemente fuera de los Tribunales). Entre los terceros, un columnista de El Mercurio llamó a quienes iban por el Rechazo “élites satisfechas, enemigas de cualquier cambio” cuyos intereses son “siempre materiales” y “minoritarios”; una cómica se refirió a ellos como “huele peos de dictador”; ambas expresiones llaman a la división y a no ver en el rival político a otro ser humano sino solo a un enemigo. Ni hablar de aquellos columnistas que sin mayores antecedentes denuncian supuestas injusticias que enardecen a la población.

Está bien documentado que los ataques mediáticos y sobre la policía, la polarización política y los actuares confusos de la autoridad, debilitan el orden público. En Chile no sólo el Presidente y sus ministros han estado envueltos en esto, sino toda una clase de actores sociales. Es importante demandar la responsabilidad social de estos e instarlos a enmendar el rumbo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en resistenciactiva, el jueves 5 de marzo de 2020.