Sí, ni el Partido Comunista y sus aliados cercanos (Partido Humanista, Federación Verde Regionalista y Social), ni gran parte del Frente Amplio, ni los numerosísimos grupos anarquistas, ganan absolutamente nada con un eventual triunfo del Apruebo el 26 de abril y, por eso, quieren evitar a toda costa esa instancia.

No ganan, porque no fueron parte del acuerdo que nos condujo, desgraciadamente, a esa instancia consultiva. Sea cual sea el resultado, se les reprochará no haber participado con su firma, ni haber asistido a la reunión reciente de casi todos los partidos destinada a insistir en la realización del Plebiscito.

No ganan, porque con toda razón se les hace responsables de la planificación, organización, ejecución y potenciamiento de las más variadas formas de violencia que, en sociedad con narcos y vándalos, han desplegado hace casi 5 meses; y, como es obvio, ya no podrán detener a esas fuerzas si pretendieran desmovilizarlas el 27 de abril.

No ganan, porque tendrían que montar una campaña para elegir convencionales que estaría marcada por su comportamiento previo y, por lo tanto, aislada por las restantes fuerzas de la oposición de izquierdas, que preferirían no pactar con los extremistas.

Considerando esos problemas, una eventual victoria del Apruebo sería, entonces, un auténtico problema para las izquierdas insurreccionales.

Por eso, para tratar de evitar que se llegue al 26 de abril, el gran objetivo de las izquierdas extremas es que, lo antes posible, el gobierno pueda ser percibido como inviable. Sí, que caiga Piñera.

Fue la consigna comunista de los primeros días, ¡qué renuncie!; fue coreada también por los frenteamplistas y toma fuerza ahora de nuevo, desde este 11 de marzo.

En la calle, la violencia seguirá el parámetro multifocal con que se ha manifestado hasta ahora, pero sin duda que los guerrilleros urbanos procurarán dos tipos de enfrentamientos que extremen la situación: por una parte, con las Fuerzas Armadas para obtener víctimas y culpar al gobierno de violaciones sistemáticas a los derechos humanos; y, por otra, con grupos de civiles a favor del Rechazo o con simples defensores de sus familias, trabajos y propiedades, para conseguir una sensación de guerra civil, y lograr así, una presión ambiental que consolide la idea de un gobierno del todo ineficiente en el control del orden.

Paralelamente, se desplegará el esfuerzo por lograr que se ponga en marcha un procedimiento de inhabilitación del presidente de la República, por eventuales problemas de salud física y mental. En esa tarea están empeñados el derrotado candidato Guillier, una organización sindical y de derechos humanos (ciertamente de fachada), la bancada del partido Federación Regionalista Verde Social y los apoyos marginales que pueda obtener esa iniciativa en sectores de la oposición democrática que no quieran marginarse. Detrás, por cierto, la estrategia del PC que apunta a la renuncia de Piñera desde octubre pasado, apoyará toda esta actividad aparentemente institucional, pero sólo destinada a desprestigiar lo más posible al Gobierno.

Y, finalmente, la insurrección sabrá tener muy en cuenta el factor coronavirus. No cabe duda que han sacado las cuentas sobre los números dantescos que podría alcanzar el contagio en Chile dentro de tres o cuatro semanas, lo que los lleva a ponerse en dos escenarios posibles: o la emergencia sanitaria puede llegar a aconsejar que no se realice el plebiscito, lo que estimula aún más la necesidad de derribar a Piñera antes de que pueda ser “salvado” por algo así; o esa misma emergencia serviría para demostrar, una vez más, la incapacidad del gobierno y, por lo tanto, la necesidad de su renuncia inmediata.