Entre el paro de octubre, de 1972, y el golpe del 11 de septiembre siguiente se produjo una auténtica guerra civil política: la nación se polarizó en dos grupos que combatían por el mismo cuerpo político; ambos no caben en aquel, al menos no en paz, con reglas del juego comunes; se trata de uno o del otro. Ello, además, acompañado de la movilización y contramovilización. La oposición puso sitio al gobierno mediante acusaciones constitucionales. No hay Estado de Derecho que resista mucho tiempo una situación como esta.

Como nos ha recordado Hernán Corral, entre los opositores de entonces, para tener una salida que luciera constitucional, se discurrió declarar la inhabilidad (demencia) del Presidente Allende, tal como ahora a un grupo se le ha ocurrido inhabilitar al Presidente Piñera. Hace medio siglo se desechó la idea. No había estómago para una mentira tan grande, que nadie hubiera creído. De allí surgió entonces la iniciativa más franca, que orillaba en un llamado al levantamiento, la Declaración de la Cámara del 22 de agosto de 1973.

Se recuerda esto porque, desde octubre pasado, a la protesta y la violencia (no son lo mismo, pero bien promiscuas) se les sumó una ofensiva parlamentaria para cercar al Gobierno con demandas cada vez mayores, imposibles de cumplir muchas de ellas, y con el ímpetu por derribarlo, incluyendo una seguidilla de acusaciones constitucionales por esto y aquello; el propósito de inhabilidad presidencial es la última muestra. Aunque diferente, la estrategia en cuestión se asemeja a la que condujo a la crisis de 1973, lo que al final de los finales tendrá consecuencias más o menos parecidas: que la situación sea resuelta por un César o un Stalin, o mezcla y mescolanza de ambos. Para quien observa ese pasado, no se puede evitar la conclusión de que el presente simboliza una revancha quizás inconsciente por 1973, alentándose un desenlace al revés. ¿Justicia? Pero que no se le escape a nadie que aquí se arrastran también las raíces y logros de la nueva democracia, la de los últimos 30 años. A todos los arrasaría el vendaval. ¿Habrá que llegar a esa meta?

Quizás se entreabre una ventanita que nos haga mirar un paisaje diferente. Ello, en parte, porque la historia humana tiene accidentes no intencionales causados por los mismos humanos; o por la naturaleza, física o biológica. La pandemia actual, una incógnita sobre la profundidad que podría alcanzar, nos da, con todo, la oportunidad para explorar un nuevo camino.

La postergación del plebiscito permitiría renovar el acuerdo del 15 de noviembre —que una parte dejó de cumplir, y después, como reacción, el otro sector en gran medida hizo lo mismo con el espíritu del pacto, sumándose al Rechazo—. Se trata de que se retorne a la idea de esa noche, ahora con un acuerdo suplementario al anterior. Que la Carta resultante no comience desde una página en blanco, de una voluntad experimental, donde lo lúdico se transforma en juerga antojadiza y se empeñe el futuro del país, sino que tendría como límite el no desviarse en líneas generales de la idea de la Constitución de las democracias reconocidas de la modernidad, y que la mayoría opositora en las Cámaras renunciaría a utilizar las acusaciones constitucionales como herramienta de paralización contra el Gobierno.

Esto transformaría una confrontación polarizadora en una posibilidad de convergencia, que permitiría un apoyo resonante al Apruebo. La polémica se trasladaría más directamente a las posibilidades fecundas de la Carta, y su relación con la evolución futura del país, y no en este combate al borde del abismo que hemos experimentado hasta antes del surgimiento de la peste.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio, el martes 24 de marzo de 2020.