La Constitución establece, en su artículo 19 N° 11, que “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño, que es ley de la República, establece “la obligación de respetar los derechos del niño a la libertad de pensamiento y de conciencia”.

Estas normas son representativas, asimismo, del sentir generalizado de la comunidad nacional, que ha manifestado un rechazo espontáneo al material audiovisual que ha circulado en redes sociales y televisión abierta durante los días recientes, y que evidencia un chocante adoctrinamiento político de niños (de hasta 3 y 4 años) y adolescentes en el en el sistema educativo chileno.

Con ocasión de lo anterior, resulta pertinente recordar que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y a iniciativa del mismo, el Congreso aprobó la Ley No. 20.911, que creó el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el estado. En el mensaje del Ejecutivo, la Presidenta explicitó que el objeto de esta norma era fortalecer y profundizar la educación cívica en el ámbito de la enseñanza preescolar y escolar nacional, puesto que “es aquí donde las implicancias prácticas de distintos conceptos de libertad y autoridad se conjugan por vez primera (…)”. La iniciativa de gobierno concitó, en esa oportunidad, el apoyo transversal de los parlamentarios oficialistas y de oposición, puesto que a la luz de la ya pasada Revolución Pingüina, existía consenso en las fuerzas políticas sobre la necesidad de profundizar y mejorar el conocimiento de nuestros niños y jóvenes respecto de sus derechos y obligaciones, y de la adecuada forma de canalizarlos a través de las instituciones en una sociedad democrática.

Lamentablemente, la implementación de esta norma legal por parte del gobierno de la Nueva Mayoría se apartó de este marco normativo y del mandato constitucional al amparo del cual debió ser interpretado, y que prohíbe expresamente el adoctrinamiento político. En efecto, desde 2015 (aun antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.911), y hasta 2017 inclusive, el gobierno, a través del Consejo Nacional de la Infancia y del Ministerio de Educación, implementó el programa denominado “Yo opino, es mi derecho: niñas, niños y adolescentes construimos el país que soñamos”, aplicable a jardines, escuelas y liceos de nuestro territorio, abarcando niños y jóvenes desde los 4 hasta los 18 años de edad (el “Programa”).  El Programa propuso una metodología de trabajo consistente en la realización de encuentros de discusión guiados por docentes, y en la lectura de cuentos para los preescolares, todo ello a partir del material preparado por el Ministerio.

El análisis del material permite observar fácilmente que los contenidos del Programa se centraron exclusivamente en el desarrollo de la conciencia de niños y jóvenes sobre el hecho de ser ellos titulares de derechos frente a sus padres, tutores, establecimientos educativos y a la sociedad en general. Es decir, el contenido del Programa, tal como se sugiere claramente en su título (“Yo opino, mi derecho”), se circunscribió al derecho de “niños, niñas y adolescentes” (denominados “NNA”) a ser escuchados y a participar organizadamente en la toma de decisiones en el ámbito social familiar, local y nacional.

Por el contrario, no existen en el material citado referencias relevantes a los deberes correlativos a los derechos de los NNA como miembros de la comunidad, tales como obediencia, respeto, responsabilidad, compromiso, esfuerzo… Tampoco se considera la inclusión de contenidos básicos y esenciales en cualquier programa responsable de educación cívica que expliquen con claridad cuáles son las instituciones y autoridades que conforman nuestro sistema democrático, y a través de las cuales se deben canalizar las inquietudes y voluntades de los grupos sociales en un Estado de Derecho.

Adicionalmente, la dirección del Programa, y en consecuencia, su ejecución, se entregó a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, señora Estela Ortiz. Cabe recordar que la señora Ortiz, amiga personal y cercana de la Presidenta, fue militante comunista desde los 14 años. Su padre, Fernando Ortiz Letelier, secretario general del PC, fue detenido desaparecido, y su marido, José Manuel Parada, secuestrado y degollado en 1985 por Dicomcar. Estela Ortiz, por su parte, no ha ocultado jamás su rechazo al sistema social imperante en Chile y a lo que denominó “continuismo” de la coalición de centro izquierda: “El oportunismo político [de la Concertación], ha impedido que se cumpliesen las promesas. Este país es cada día más antidemocrático. (…).  Pinochet consiguió cambiar la conducta social de Chile. Su habilidad, el continuismo político y económico y la inmovilización de los sectores populares han permitido esta situación.” (Diario El País Digital).

A este respecto, resulta perturbador y sorprendente que el diseño e implementación de una política pública de educación cívica, dirigida a los niños y jóvenes que son el futuro de nuestro país, y que por mandato constitucional debe estar especialmente protegida del proselitismo político y de la ideologización, se haya confiado a una persona cuya historia personal y visión de la sociedad corresponden a un sector extremo del espectro político, y que rechaza ex ante la validez del sistema democrático que es objeto del estudio cívico que se pretende enseñar.

También resulta preocupante constatar que la propia Presidenta Bachelet destacó al “Programa yo decido: mi derecho”, como parte integrante de la “Etapa Participativa”  del proyecto de reforma constitucional que despachó al Congreso en marzo de 2018, antes del fin de su segundo gobierno. En efecto, la Presidenta señaló en su Mensaje dirigido al parlamento, que el Programa, durante octubre y noviembre de 2016, “(…) buscó generar un espacio de participación deliberativo para niños, niñas y adolescentes, con el objeto de recoger su visión sobre el ejercicio de sus derechos y sus propuestas para el nuevo trato de Estado con la niñez y la juventud.”

En síntesis, el desvergonzado adoctrinamiento político que presenciamos hoy en las aulas chilenas, así como, por qué no decirlo, el persistente intento de incluir a menores de edad en elecciones populares y en el proceso constituyente en curso, tiene a nuestro juicio un antecedente alarmante en la implementación de políticas educativas ideologizadas por parte de la administración de Bachelet, a cargo de militantes y simpatizantes comunistas. Tanto el diseño como la ejecución del citado “Programa Yo Decido, Mi Derecho” aparecen, a la luz de los acontecimientos recientes que remecen las fundaciones de nuestro país, como nueva evidencia del intento deliberado de algunos de destruir el sistema social nacional desde sus cimientos. La cultura de los derechos de niños y adolescentes, sin correlato de deber, respeto ni responsabilidad, y sobre todo, la persistencia en consolidar la protesta directa como método de acción política (revolucionaria), por sobre la canalización de  la participación ciudadana en las instituciones democráticas, son, a nuestro juicio, uno de los antecedentes directos de los lamentables hechos que presenciamos hoy. Al parecer, esta vez fue el PC quien, parafraseando a Estela Ortiz, “consiguió cambiar la conducta social de Chile (…)  y la movilización de los sectores populares”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el sábado 30 de noviembre de 2019.