El plebiscito de entrada para aprobar o rechazar una nueva Constitución, celebrado en condiciones de chantaje por medio de una violencia que el oficialismo cobardemente se negó a reprimir, es absolutamente ilegítimo. Y es ilegítimo aún en el caso de que su figura fuese incorporada en la actual Constitución. Esto, debido a que supone un cuerpo no sujeto a regla moral ni autoridad alguna, porque este mismo cuerpo se daría sus propias reglas. 

Una mayoría (circunstancial) no puede transformar lo falso en verdadero ni lo injusto en justo, hay cosas que siempre estarán mal. No porque una mayoría circunstancial diga que el asesinato de inocentes estará bien, va a estarlo; y no porque una mayoría diga que el cielo es verde, dejará de ser azul. Pero el plebiscito supone, precisamente, que lo “justo” seria lo que la “mayoría” decida. Entonces la discusión sobre la justicia de nuestras leyes se traslada desde una discusión racional sobre contenido (¿qué es lo justo?) a una discusión voluntarista sobre mecanismos (¿qué mecanismos nos permite darle voz a una mayoría?). 

La bondad o maldad de las leyes (lo que determinan si son justas o injustas) no es algo que lo decida una mayoría; si así fuese, todas las leyes del Holocausto habrían sido justas por el sólo hecho de haber sido aprobadas democráticamente. 

Y para remate, es que cuando propusieron una “aventura” política como esta en un programa de gobierno fueron derrotados. Parece que ya nadie se acuerda que los que perdieron en las elecciones pasadas fueron ellos. Buscan, por lo tanto, lograr por medio de la violencia (quemando Chile entero) lograr lo que no lograron en las urnas. Y celebraron este acuerdo como un “triunfo del diálogo” y un “triunfo por la paz”. ¿Cómo pueden ser tan descarados para llamar diálogo a un acuerdo bajo violencia? ¿En qué mundo viven nuestros políticos para llamar a un simple chantaje un “acuerdo”? 

El gobierno podría haber hecho mucho. Podría haber reprimido con fuerza los violentistas y haberse hecho cargo de las reales urgencias sociales (como salud o pensiones). Pero esto no pasó y los violentistas demostraron un punto desolador para nuestra República: en Chile, con la actual administración de “derecha”, pueden lograr lo que quieran por medio de la violencia. Este acuerdo fue un triunfo de la violencia.

El riesgo inminente de que destruyan lo que tanto costó construir de nuestra República por una mayoría es gigantesco. Sobre todo, cuando se ve que lo que justamente quieren acabar son los elementos republicanos que gozamos en nuestra actual Constitución. La izquierda no quiere hacerse cargo de las urgencias sociales, quiere instaurar el “otro modelo” fracasado. Ellos han sido muy sinceros al reconocer que lo que les molesta realmente es nuestra definición de Estado (subsidiario), los mecanismos republicanos de límites al poder (ellos los llaman “trampas”), el derecho a la vida o los derechos de propiedad.

En la primera vuelta de las pasadas elecciones advertimos a los votantes de derecha el peligro de elegir a un gobierno sin principios. Ahora advertimos que un cambio de la Constitución (desde 0), como proponen ellos en el acuerdo, podría acabar con nuestra República. 

Porque el riesgo es gigante y los beneficios nulos; porque una nueva Constitución no servirá para solucionar las urgencias sociales, pero sí para crear otras; por esto y muchas otras cosas vamos a decir que no.