Si bien recién estamos a martes, el ataque con bombas molotov a dos funcionarias de Carabineros será una de las imágenes que marcará la semana.

La cabo María Hernández y la carabinero Abigaíl Aburto jamás pensaron que, por salir a cumplir su deber, iban a terminar hospitalizadas con heridas graves producto del odio de unos vándalos. Una imagen de profunda violencia y que refleja el estado crítico de nuestro país en esta hora compleja. Pero también refleja otro drama más lamentable: la profunda brecha que existe en la sociedad para condenar este tipo de violencia. Algunos la justifican, en el contexto de demandas sociales insatisfechas; otros, pareciera que la desean, al permanecer silentes frente a la violencia escrita, verbal y física que sufren los Carabineros.

“El que no salta es paco” es un grito recurrente en las marchas de estos días. Lo entonan desde los delincuentes más violentos, hasta los manifestantes más pacíficos, incluidos los diputados, humoristas, cantantes y actores políticos que se han sumado a estas protestas. Aún cuando es un cántico de la masa, revela el sentimiento profundo de muchos de ellos que distingue entre los ciudadanos normales y los Carabineros; entre los buenos que buscan justicia social, y los malos que la reprimen.

El mismo sentimiento debe embargar a aquellos dirigentes políticos que dudan o buscan cualquier subterfugio lingüístico para condenar una violencia tan evidente. Llenos de peros e interjecciones; llenos de referencias a hechos pasados o empates forzados que buscan minimizar la condena y poner por delante su ideología anti-Carabineros. Beatriz Sánchez, por ejemplo, se demoró 2 horas y 18 adjetivos, para poder encontrar alguna forma de escribir un mensaje que incluyera indirectamente la condena de este hecho violento. Ágil para escribir sobre represión, lenta para condenar este tipo de violencia extrema.

Los Carabineros no se levantan todos los días ideando formas para atacar a manifestantes o buscando la oportunidad para disparar perdigones o lanzar lacrimógenas. Más allá de los excesos, abusos y eventuales violaciones de derechos humanos de funcionarios particulares, que deben ser condenados con toda nuestra fuerza, son miles e incluso millones de enfrentamientos graves en los que han debido intervenir las Fuerzas de Orden y Seguridad estas semanas y en la inmensa mayoría de ellos, no hay nada que reprochar. No solo no hay violación sistemática de los derechos humanos sino que el Gobierno ha hecho todo lo posible por evitarla y condenar su ocurrencia.

Probablemente en el fondo, los Carabineros comparten con millones de chilenos las injusticias y desigualdades que existen en nuestra sociedad y si pudieran, estarían marchando pacíficamente para tener mejores sueldos, una salud de calidad, mejores pensiones o una vivienda propia. Ellos también sufren la desigualdad y no son una casta de privilegiados como algunos acusan para debilitarlos. Ellos también tienen derechos humanos y demandas sociales; ellas también merecen ser defendidas por el #niunamenos.

¿Qué es lo qué está pasando entonces? Uno de los grandes responsables del estallido de violencia que hemos visto en estos días es la precarización absoluta del principio de autoridad entre los chilenos. Los jóvenes ya no respetan a Carabineros y no están dispuestos a cumplir las leyes que le entregan a ellos el monopolio del uso de la fuerza y el deber de imponer el orden público. Si bien es una lamentable realidad que se ha venido construyendo en el tiempo, lo cierto es que esta semana ha tenido su expresión más evidente, con los miles que desafiaron el toque de queda y ejemplificado en un diputado, como Gabriel Boric, que con todas las cámaras de televisión encendidas, desafió cobardemente a un militar que estaba en las calles cumpliendo su deber y que no podía responderle. Una sociedad sin autoridad está condenada a la anarquía, que es la aspiración de muchos que están hoy en las calles destruyéndolo todo.

Antes que una nueva Constitución, una agenda social o el consenso sobre las reformas estructurales del Gobierno, lo que Chile necesita es orden público en las calles y un Gobierno que esté dispuesto a cumplir con la misión fundamental que tiene de respetar y hacer respetar las leyes. Tanto los saqueadores de centros comerciales como los agresores de Carabineros son delincuentes y están aprovechando el caos generalizado para vandalizar y corroer el estado de derecho.

No basta con presentar querellas contra los que resulten responsables ni hacer llamados a la paz genérica, como si esa paz cayera del cielo. Llegó la hora de ponerse los pantalones y hacer cumplir la ley, cueste lo que cueste.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera el martes 5 de noviembre de 2019.