Otra vez nuestra clase política, oficialismo y oposición, se ha enfrascado en una discusión extremadamente elitista, que no se condice con la realidad chilena: el cambio de la Constitución. Ninguna de las urgencias sociales, de las que se habló estas semanas, está regulada en la Constitución. Y más encima, la izquierda, con su mesianismo político ha creado una campaña comunicacional llena de mentiras, unida a una campaña de violencia en las calles, por una nueva Constitución que solamente ha servido para inflar aún más las expectativas de los chilenos. Expectativas que tarde o temprano caerán estrepitosamente.

Digo que el cambio constitucional no se hace cargo de ninguna urgencia social por los siguientes motivos:

Primero, el caso de las pensiones. Éstas no están reguladas por la actual Constitución, sino por el Decreto Ley 3.500. Modificar la actual constitución, en ningún caso, resolverá el problema de las bajas pensiones de nuestros adultos mayores. A no ser que se adhiera al “pensamiento mágico” de que si se “garantiza el derecho a una pensión digna” en la nueva constitución, por el hecho de haberlo escrito en un papel, resolverá el problema. Con esto nuestra clase política rehúye de las verdaderas soluciones, que aplicarlas tendrían costos políticos gigantescos, al problema de las pensiones: aumentar la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, aumentar la cotización, disminuir lagunas previsionales, etc. 

Segundo,  el caso de las isapres y los medicamentos. Estas tampoco están reguladas por la actual Constitución, las isapres están reguladas por decreto ley 18.933, y los medicamentos por el Código Sanitario y el decreto 466/1985. Modificar la actual Constitución no ayudaría en nada a solucionar el problema de la salud. A no ser que, de nuevo, se adhiera al “pensamiento mágico” de que “garantizar el derecho a la salud” ayudaría en algo al problema. 

La pregunta fundamental, entonces, es ¿si una nueva Constitución no resuelve los problemas sociales para qué la queremos? 

Ellos dicen que la actual Constitución es ilegítima en razón de su origen. A lo que respondería de dos formas:

Primero, que si es ilegítima o no la actual Constitución, aún al cambiarla no se resolverían los problemas de los chilenos (urgencias sociales). De hecho la discusión sobre la legitimidad de una Constitución y la discusión sobre urgencias sociales son completamente distintas. Lo que revela un elitismo de nuestra clase política al preocuparse de la primera y no de la segunda.

Segundo, que la discusión sobre el origen de una Constitución es una discusión irrelevante. Lo que importa es qué dice la Constitución y no quién la escribió. Una constitución es legítima en razón de su contenido. Aun en el caso de que la constitución la haya escrito una sola persona entre cuatro paredes, eso no la haría ilegítima, sino su contenido, qué es lo que dice.