Es tanto lo que se ha reflexionado, teorizado, concluido y comentado respecto de los últimos acontecimientos de nuestro país, que parece casi imposible no caer en los lugares comunes o señalar algo que no haya sido ya mencionado muchas veces. 

En efecto, se ha dicho de todo: que existe un descontento social acumulado por años; que la clase política en general no ha sabido escuchar la voz de la ciudadanía y que vive en una burbuja; que en la perpetración de los atentados a las estaciones de metro e innumerables comercios y edificios han intervenido extranjeros especialmente entrenados para tal efecto; que ha habido represión y violencia innecesaria por parte de las fuerzas armadas y de orden; que se han violado los derechos humanos de la población; que el Presidente debe renunciar; que es el momento de una Asamblea Constituyente y de cambiar nuestro sistema jurídico y económico de raíz; que es la hora en que la ciudadanía debe expresarse en las calles y dejar de lado, que sea temporalmente, los cauces democráticos institucionalizados; que se han dado noticias falsas; que este es un momento de inflexión en nuestra historia; y un largo etcétera.

Evidentemente, este auténtico sunami político, social y económico, difícil de prever hace sólo un par de semanas, revela que al margen de si se trata de un fenómeno más –o menos– espontáneo, ha faltado la adecuada reflexión, no digamos para vaticinarlo, sino al menos, para detectar algunas de sus causas y debatir acerca de su importancia. Porque de no llevar a cabo esta necesaria reflexión, nos exponemos casi de manera imprudente a encontrarnos con sorpresas parecidas a la actual, que dejan a la inmensa mayoría de la ciudadanía atónita.

Es por todo lo anterior, que si de verdad nos interesa preservar nuestra democracia, así como la tan necesaria paz social, es imprescindible en primer lugar, abandonar la violencia, no sólo porque ella atenta contra personas inocentes (como ocurre por ejemplo a propósito de los saqueos y los incendios), sino también, porque además de su falta de racionalidad, ella no necesariamente representa a los sectores más necesitados o a los más débiles, no siendo extraño que ocurra exactamente lo contrario. 

Como país, por tanto, debemos estar a la altura de las circunstancias, lo cual nos obliga a meditar como sociedad sobre nuestra situación actual y nuestro futuro común. Lo cual es más urgente aún, puesto que lo peor es tomar medidas importantes de forma apresurada, sencillamente para “apagar incendios”, como se dice.

Por eso, junto a las medidas de emergencia que sean necesarias para combatir crisis como ésta, debemos abocarnos a pensar y debatir nuestros problemas. Y dentro de la sociedad civil, las universidades, como centros del saber y no meras cajas de resonancia del todo social, poseen un rol fundamental en esta labor. Es más: mantenerse al margen del debate sería negar su naturaleza y traicionarse a sí mismas. De ahí que deban colaborar con toda la pluralidad de saberes que cobijan en su seno, a fin de hacer el máximo de propuestas posibles. 

De nosotros depende, pues, poner lo que esté a nuestro alcance para salir de la crisis que nos aqueja, proponiendo las mejores soluciones dentro de lo posible, sabiendo que estas no serán ni fáciles ni rápidas, y que requerirán del esfuerzo de todos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por diario El Sur de Concepción. El autor es Doctor en Derecho y Director de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián.