A fines de 1991, con ocasión de numerosos asaltos que estaban ocurriendo en lugares públicos y hogares de Chile, tomé la iniciativa -en mi calidad de Consejero Nacional del Colegio de Abogados- de proponer una declaración que redacté y que fue suscrita por los otros 18 Consejeros, la que fue publicada y transmitida profusamente. En ella expresamos que nuestra Constitución Política garantizaba a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; la protección a su honra, la inviolabilidad del hogar, la libertad individual y el derecho de propiedad en sus diversas especies. Finalmente, señalamos que todas esas normas estaban siendo vulneradas en nuestro país amagando el estado de derecho, lo que, de no evitarse en forma urgente, llevaría a una espiral que en algunos países había resultado incontrolable, terminando por destruir la democracia, la que no se mantenía por obra del acaso, sino que su subsistencia era producto del esfuerzo por resguardar los valores que la sustentaban.

Con motivo de esa declaración y el desaparecimiento de un joven poblador de Lo Hermida durante una pesquisa policial en cuya defensa interpuse un recurso de amparo -rechazado por los mismos jueces que criticaban a los que habían hecho lo mismo hasta dos años antes- fui invitado a un foro con el ministro de Justicia de entonces, gobernando don Patricio Aylwin, dirigido por el periodista Igor Entrala en TVN. Dicho secretario de estado señaló que esos asaltos terminarían cuando disminuyera la pobreza en poco tiempo más. Le repliqué que ser pobre no era sinónimo de maleante ni era éste capaz de actuar con violencia y crueldad por esa circunstancia, como ya estaba sucediendo, sino que la causa de ello estaba en el detrimento de los valores. Y especialmente en el extremo garantismo que se observaba con diversas señales y proyectos de ley.

El tiempo nos dio la razón. La pobreza ha disminuido ostensiblemente y los actos de delincuencia han aumentado a niveles tales que los estudiantes utilizan bombas incendiarias contra profesores y carabineros; las violaciones y asesinatos callejeros proliferan aceleradamente; los “portonazos” aumentan en forma considerable frente a la impotencia de sus víctimas, mezclándose ellos con actos de terrorismo, amén de aprobarse leyes que permiten la muerte de individuos en el vientre materno y la familia está cada vez más debilitada.

Seis años después de esa declaración gremial comenzaron las tomas y ataques incendiarios a camiones y maquinarias en un foco de una región sureña del país, abarcando luego tres de ellas, además de incendios en casas habitadas, todo lo cual parece ser ya una habitualidad. Sus hechores proclaman -entre tanto- constituirse en una región autónoma, financiados desde el extranjero. El producto del trabajo, a veces de una vida, respecto de los damnificados por ellos, ni siquiera es considerado. El toque de queda, de hecho, funciona en la periferia de las ciudades más populosas en forma permanente y desde hace años. La policía no es apoyada para sofocar los hechos relatados y nuestra justicia no logra ser efectiva en la disuasión de esos delitos a través de detenciones y condenas.

Frente a este estado de cosas, lo que obviamente influirá en la disminución de las inversiones nacionales y extranjeras, y conspirando en contra de la seguridad nacional, los hechos conducen invariablemente al clamor ciudadano a que nuestras autoridades obtengan que “las instituciones funcionen”.

No fuimos profetas, precisamente, cuando hace 28 años advertimos a tiempo lo que vendría. Lo hicimos aplicando el sentido común y el conocimiento de la historia de algunos pueblos que vivieron lo mismo. Sí teníamos la esperanza que durante este período en que han gobernado al país siete administraciones hubieran existido líderes que avizoraran lo que ocurriría si no se actuaba con prontitud y realismo. Si algún atributo tienen quienes son estadistas, es precisamente ese.

Así las cosas, vemos la necesidad -y antes que el caos se apodere de nuestra nación y se conformen los “escuadrones de la muerte” ejerciendo la justicia por mano propia- que el Presidente de la República convoque al Consejo de Seguridad Nacional para que asesore en las materias que son de su competencia, el que está integrado por las más altas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Contraloría, además de algunos ministros. Ellos, en forma coordinada, constituyen una cadena profesional que podrían saber cómo poner término a una situación que un país serio no es capaz de tolerar más, ni tampoco la seguridad nacional del mismo.

Este es un organismo que está constituido también en países con sólidas democracias. Actuando de esa manera, sin prejuicios, lejos de desacreditarse las autoridades por ello, la ciudadanía -estamos ciertos- sabrá ver con buenos ojos esa actitud en razón a las funciones que desempeñan y amparadas en expresas disposiciones constitucionales.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, el martes 10 de septiembre de 2019.