Hoy miércoles la Cámara Alta debiera resolver si ratifica o no la designación de María Angélica Repetto como ministra de la Corte Suprema. Con independencia del resultado final de la votación, la polémica que ha rodeado este nombramiento ilustra un grave déficit de nuestra esfera pública. Veamos.

Aunque los reparos de ciertos senadores no fueron demasiado elegantes ni sofisticados (“no me consultaron”), a nadie debiera sorprender el afán de negociar la nominación de un alto cargo. Guste o no, las “cocinas” son parte de la práctica parlamentaria. En la misma línea, tampoco resulta problemático el solo hecho de que el senado celebrara una audiencia pública para escrutar a quien aspira a llegar al máximo tribunal del país (por el contrario, esto puede aumentar nuestros estándares de transparencia).

El problema consiste en los criterios que hoy mueven a los legisladores en estas materias, reflejados nítidamente en dicha audiencia pública. Los honorables no preguntaron a la jueza Repetto su visión de los tribunales, ni sus criterios de interpretación de la ley, ni cuánta deferencia han de tener los jueces con otros poderes del Estado ni, en general, sobre nada relativo a la función judicial. Los dardos de los senadores apuntaron a temas como aborto, conflicto mapuche, feminismo, etc. En rigor, se comportaron tal como si estuvieran eligiendo a un compañero de lista, a un candidato a elección popular; en suma, a un dirigente político.

El fenómeno revela una doble confusión. Por un lado, nuestros parlamentarios reconocen y aceptan –al menos en forma tácita– que las decisiones más importantes de la vida pública van siendo progresivamente adoptadas en el foro judicial (y no en la sede política), abdicando así de sus funciones más elementales. Por otro, la vigencia del estado de derecho supone respetar las competencias y atribuciones de las diversas autoridades. Siempre existe un grado de interpretación, pero en nuestro sistema jurídico los tribunales no están para hacer política, sino fundamentalmente para aplicar las reglas legales. Lo relevante, entonces, no son las opiniones políticas de los jueces, sino más bien qué tan dispuestos están a subordinar esas opiniones al marco constitucional y legal que los rige.

Como explica Lon Fuller en “La moral del derecho” (IES, 2019), el papel del juez es precisamente velar por los principios de legalidad. Acá no está en juego un mero formalismo. Cuando los jueces protegen la legalidad (cuando miran al pasado), nos ayudan a respetar los compromisos que como comunidad nos hemos dado (mirando hacia el futuro). A la inversa, si los jueces hacen política lo que decae es el estado de derecho. Y si los políticos favorecen esa actitud, la que pierde es la democracia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Segunda el miércoles 17 de julio de 2019.