Hasta cuándo se sigue repitiendo el cuento que Chile tiene que pagar el costo de diputados que, menospreciando el conocimiento, aprenden a legislar experimentando con los chilenos. Lo vimos cuando creyeron que podrían sacar del mercado a los estacionamientos particulares concesionados y, fijando sus precios, lograron que todos los subieran. Lo acabamos de ver con la jibia: pensaron que se podía fijar por ley que el grueso de ella sólo podían pescarlo los artesanales y el molusco se fue mar adentro, dejando a los industriales y a los chicos con las manos vacías este año. Lo estamos viendo ahora con la marihuana.

El uso medicinal de la cannabis era parte del programa de gobierno de Beatriz Sánchez y principio y derecho indiscutido de prácticamente toda la izquierda. El Frente Amplio completo se alineó para aprobar en mayo del año pasado el autocultivo con fines, supuestamente, medicinales y resulta que ahora los mismos diputados de Revolución Democrática que se jugaron mesiánicamente por ese “derecho” y aprobaron el proyecto están divididos. La razón es que un militante suyo fue parte del estudio del Colegio Médico que hizo un duro reproche a la pretensión de darle aires medicinales a la marihuana, concluyendo en base a la evidencia científica que “no existe ninguna condición en la cual los beneficios derivados del uso de cannabis o productos derivados sean superiores a sus efectos adversos y riesgos”.

Aunque es mejor que caigan en cuenta tarde que nunca, eso no borra la creciente cantidad de diputados que parecen adolescentes dándose el gusto de legislar por las emociones y con desconocimiento de lo técnico. Las sociedades médicas habían advertido incesantemente desde la psiquiatría, la neurología, la psicología, la pediatría, la neurocirugía y el psicoanálisis contra los riesgos que representa la marihuana para los más vulnerables, los adolescentes con los cerebros sin formar, las personas con predisposición a las que se le gatillan cuadros psiquiátricos, entre otras cosas. Pero los que creen que la historia se inicia con ellos, hicieron caso omiso de la evidencia científica. Y se dejaron llevar también por las personas gritando en las tribunas del Congreso, los niños enfermos en los pasillos, supuestamente beneficiados por el alcaloide, y el sentimiento avivado que el que no aprueba la hierba no tiene corazón.

Ahora que la evidencia proviene de otro RD, el médico Carlos Cuadrado, el partido se divide y renuncia a su militancia Ana María Gazmuri, la activista de la cannabis y ejecutiva de la Fundación Daya que comercializa la planta y promueve terapias con ella. Recién un grupo de RD cae en cuenta de los riesgos de promover una planta cuyos efectos médicos no están comprobados en ninguna parte del mundo. Que baste una receta médica para plantar, cultivar, cosechar y consumir la droga (como establece el proyecto) sin que sea posible una incautación o detener a la persona por cualquiera de esas acciones.

Sólo ahora se dan cuenta algunos diputados de RD que no se le pueden atribuir poderes medicinales no probados a la marihuana, lo cual disminuye su percepción de riesgo, que es, por lo demás, lo que ha disparado su demanda en Chile, convirtiéndonos en el primer país de toda América en consumo (Senda, 2017). Menos del 22% de los adolescentes considera peligrosa la marihuana en una percepción de riesgo que ha ido a la baja en paralelo al afán de nuestros parlamentarios por despenalizar su consumo.

El informe del Colegio Médico de 32 páginas, elaborados tras meses de recolección de material científico, fue aprobado por el consejo nacional del Colegio Médico en junio pasado y señala que no está de acuerdo con la moción de los diputados porque “no estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos” (…) como “tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población”. Añade que en ninguna parte del mundo se ha aprobado para uso medicinal la planta de marihuana y agrega que entre un 9 y un 30% de sus consumidores sufre un trastorno producto de ello. El militante de RD y secretario técnico del gremio, Carlos Cuadrado, censuró que se busque autorizar el autocultivo en las casas justificando el consumo desde el punto de vista médico. Opina que, si el foco es despenalizar, hay que modificar la ley 20.000 y no el Código Sanitario, como lo hizo el proyecto aprobado en primer trámite en mayo.

Persistente en el error, buscando blindar el consumo de cualquier acción de la policía o judicial, la diputada comunista Karol Cariola creó a comienzos de mes una bancada transversal por el cultivo seguro de la marihuana, con 21 diputados y 7 senadores. Los 26 son oficialistas, ninguno de ellos de RD, y un par de RN que comparten el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes utilizan la “cannabis medicinal”.

Ahora que vendrá la discusión en el Senado, sería bueno que en vez de seguir disfrazando el uso de cannabis en trajes “medicinales” y de “cultivo seguro”, a los parlamentarios se les exija hacerse un test de drogas. No se trata de enjuiciarlos, sino que de un mínimo de transparencia frente a posibles conflictos de interés. Los electores debieran saber quiénes de los que luchan por legalizar (o despenalizar) la marihuana son sus consumidores.

Para prevenir la corrupción de las instituciones que luchan contra el narcotráfico, se le practican todo tipo de análisis a las policías y al personal de la Armada que vigila el ingreso de estupefacientes por el mar. A los parlamentarios por mucho más debiera exigírseles un test de consumo de marihuana. Coherencia básica que debiera obligar a quienes legislan para facilitar o ampliar el uso de una droga, cualquiera sea. 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero en  https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-minimo-de-coherencia-test-de-drogas-para-los-parlamentarios/, el lunes 22 de julio de 2019.