El Gobierno y la DC llegaron a un acuerdo, para bien o mal, histórico. La propuesta alza de 4% de las cotizaciones previsionales será administrada por un órgano estatal, el Consejo de Ahorro de Seguros Sociales (CASS). Uno de los fundamentos del modelo chileno, la gestión de los activos previsionales por particulares y no por el Estado, se termina por obra de un Gobierno de centroderecha. Así, se abrió la caja de Pandora. El eje PPD-PR-PS subió la apuesta a un 6%, con 2% administrado de forma “solidaria”; no sería extraño que el PC proponga 8% y el FA 10%. Otros han ido más allá, deduciendo acciones de protección contra las AFP por supuesta vulneración al derecho de propiedad de los afiliados, al no poder estos disponer libremente de sus fondos: los libelos -redactados por el socialista Fernando Atria, era que no- omiten de forma intencional que el ejercicio de ese derecho fundamental puede limitarse por ley, en este caso, el Decreto Ley N° 3.500 de 1980.

Cierto es que el Estado cumple un rol insustituible en el sistema previsional: el Pilar Solidario es un mecanismo indispensable para subvenir a las bajas pensiones, y un acierto al ser financiado mediante impuestos generales. El problema surge cuando se le confía la administración a un reconocido mal gestor y cuando eso precisa la creación de un nuevo ente, del que se ha anunciado su futuro rango constitucional, como si ello fuera suficiente por sí solo para dotar de seriedad técnica a un órgano que desempeñará una función tan delicada.

Lo anterior remite a dos problemas de fondo. Uno, la inflación de las funciones estatales a que recurre la política actual. Carentes de consensos sobre asuntos de fondo, la clase política en cambio encuentra un lugar común y un analgésico en la creación de órganos y cargos públicos, siempre hijuelas para el poder de turno, acomodado a las circunstancias. En eso están (casi) todos de acuerdo, incluida la derecha, que ha recreado tendencias estatistas muy vivas en ella hasta 1973.

El otro, es el error de pensar que el Ente servirá de calmante para expectativas cada vez más desaforadas. La infantil iniciativa de Atria es demostración de que la izquierda difícilmente se conformará. Quienes debían defender un sistema de pensiones legitimado en las urnas (en la primera vuelta de 2017 los 4 candidatos presidenciales que prometieron mantener las AFP reunieron 73% de los votos) cedieron ante los grupos de presión que desconocen esa legitimidad y que hoy ven premiada y crecida su voracidad. Nada asegura que en la siguiente década no se presenten proyectos aún más temerarios que amenacen, al fin, con entregar al Estado todos los ahorros previsionales.

Hipotecar la estabilidad de un sistema perfectible pero exitoso, para ganar una tregua de cinco o diez años, es un pésimo negocio. El Ejecutivo careció del rigor, la habilidad y el temple necesarios para evitar transar sobre un punto esencial de nuestra ruta al desarrollo. Otros tendrán que corregir este error.