Cuando los profesores dejan sin clases y sin raciones alimenticias durante tres semanas a 600 mil niños que asisten a colegios públicos, ¿están pensando en sus estudiantes? Cuando la DC condiciona el apoyo a la necesaria reforma previsional a que un ente público administre la cotización adicional del 4% del sueldo imponible y que parte de ella se destine a solidaridad, ¿está pensando en los trabajadores?

Y así podríamos seguir indefinidamente con otros ejemplos, porque pareciera hoy que parte del desprestigio institucional y la desconfianza que sienten los chilenos frente al prójimo es que crecientemente las actuaciones no responden a la idea de bien común. No, más bien, las disfrazan -“no estamos parando por reivindicaciones económicas”, dijo el Colegio de Profesores-, pero a poco andar se asoma que no es cierto, que los cochinos pesos están detrás de la decisión de dejar a los niños sin clases y que tienen cero comprensión con la estrechez de recursos del gobierno y ninguna empatía con que este año solamente a la carrera docente esté inyectando más de mil millones de dólares adicionales de los contribuyentes para aumentar las remuneraciones de los profesores. No hay mal en pedir, menos cuando el presidente del gremio necesita visibilidad para presentarse a gobernador, pero disfrazarlo de reivindicaciones por las clases de historia o preocupación por la misma educación pública que torpedean, ¡por favor!

La DC ha querido posicionarse como el paladín de la clase media, tratando de poner su sello de agua en los proyectos de La Moneda. En el caso de la reforma previsional (primera preocupación de los chilenos, junto a la seguridad, en la última CEP), la decisión es hacerse notar ante el electorado exigiendo que el 4% adicional sea administrado por un ente público, haciéndonos creer que las AFP son sólo un negocio a cambio de nada y que hay que aplicarles el castigo de “ni un peso más” y que un ente estatal puede obtener mayor rentabilidad y a menor precio. Y la falange habría “cedido” en que este nuevo Consejo Público Autónomo podría licitar la inversión de estos fondos a manos de expertos, en una oferta internacional, mismo procedimiento que hoy se hace con los más de 23 mil millones de dólares de los fondos soberanos invertidos en el exterior para respaldar el creciente gasto fiscal en pensiones y enfrentar las oscilaciones del precio del cobre. En algún momento los negociadores de Fuad Chahín querían (ignorancia o tontería) que las plantas las administrara el Estado, es decir, constituyera un equipo de funcionarios públicos a cargo de la gestión de las inversiones, replicando lo que hacen las AFP, que invierten directamente, pero también contratan entidades financieras como vehículos de inversión.

Todo esto en el interés de los trabajadores, supuestamente, pero a ellos no les dicen que las AFP nunca se han robado plata, que no han quebrado, que obtienen una rentabilidad para los fondos que administran que logra triplicarlos, que cobran una comisión que es inferior a las de las otras entidades del sistema financiero, que administran gratis las platas cuando el afiliado está cesante y que tienen giro único para prevenir conflictos de interés. En vez de explicar eso a los chilenos, prefieren tratarlos como a tontos y culpar a las AFP de las bajas pensiones, porque sería ingrato decirles que las causas son otras y mucho más complejas: que el ahorro es muy bajo (sólo 10% del sueldo), que las lagunas a lo largo de la vida laboral son muchas y que el tiempo que se cotiza es tan corto que resulta imposible con tan poco construir un sueldo mensual para los largos años de pensionado. De hecho, de los casi 11 millones de chilenos que figuran como afiliados al sistema, menos de 5 millones 600 mil cotizan activamente y a los independientes que emiten boletas a honorario por primera vez este año el SII les retuvo parte de la devolución de impuestos si no habían impuesto nada en 2018.

Los políticos irrumpen como si tuvieran la solución a las bajas pensiones. El problema es que la salida no es política y tampoco es fácil porque no hay dinero que baste si no se hacen los cambios paramétricos necesarios. Entonces viene la “simulación”: crear un malo, las AFP, y hacer como que empezamos a solucionar el problema, aunque estemos agravándolo creando más burocracia estatal y a un mayor precio y riesgo. Y hay que esconder que para los trabajadores será mala esta salida porque parte de la nueva cotización irá a pagar la administración estatal (si la comisión es sobre el saldo acumulado también se paga) y no tendrán la opción de elegir quién administrará el 4% adicional (hoy tampoco pueden seleccionar quién gestiona el 10%, responden rápido los “simuladores”). Y negociado un tema llegan nuevos colgajos, como introducirle solidaridad al sistema con la plata de los trabajadores que cotizan, ignorando los dos mil millones de dólares que invierte anualmente el Estado en pensiones solidarias y aportes previsionales solidarios (APS) a más de un millón y medio de personas, los cuales se financian con impuestos (el IVA lo pagan los más pobres, pero el tributo a la renta sólo el 20% más rico).

A esta altura la solución para los trabajadores está totalmente desdibujada. Hay trazos de jorobas de camello con patas de caballos y manchas con trompa de elefantes. Derechamente, y como mal menor, habría que proponer una AFP estatal (que opere con las mismas reglas que las privadas) para que se puedan cobijar todos los estatistas anti elección y anti privados y permitirle a esa entidad administrar no sólo el 4%, sino que el total de las cotizaciones. No le tengamos miedo a la competencia, en la cancha se verá si al momento de decidir el destino de sus fondos, que para una inmensidad es el mayor ahorro de sus vidas, las personas optan por entregárselo al ente estatal.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero en  https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-simuladores-de-bien-comun/, el lunes 24 de junio de 2019.