Leo con sorpresa en La Segunda del miércoles 19 de junio las declaraciones del ex Presidente Ricardo Lagos sobre la crisis política en Venezuela: “Sería mucho más razonable abordar la situación como un conflicto de poderes entre Ejecutivo y Legislativo” –dijo-, criticando al gobierno de Maduro por “violar las normas constitucionales”. Y remata: “Lo que correspondería sería decirles a las Fuerzas Armadas que están para defender la Constitución que existe”. 

¿Qué significa que las FFAA deben defender la Constitución? ¿Un golpe de Estado? Si se le preguntara a Lagos probablemente argumentaría que no, pues la nota dice que a continuación afirma: “actualmente hay una vacancia en el puesto de presidente de Venezuela, por lo que la Asamblea Nacional debe aplicar la ley y llamar a elecciones”. Pero, ¿qué ocurriría si la Asamblea Nacional hace eso y el gobierno se opone (que es casi seguro)? Según el criterio de Lagos, las FFAA debieran actuar y, dado que es sabido que al menos parte de la oficialidad está con el gobierno y que además éste cuenta con fuerzas paramilitares, es inevitable que el apoyo de las FFAA al Legislativo en un conflicto con el Ejecutivo se traduzca en un enfrentamiento armado. Si eso no es un golpe de Estado, se le parece mucho. 

¿Y por qué mi sorpresa? Pues, porque la perspectiva que Lagos tiene de la crisis venezolana es totalmente aplicable a lo que ocurrió en Chile en 1973 y que culminó de la misma manera que él propone hoy pero que ha condenado con todo su ser, incluyendo su dedo índice.

Veamos. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados en pleno adoptó un Acuerdo denunciando al gobierno del presidente Allende por haber provocado el quiebre del Estado de Derecho mediante violaciones reiteradas a la Constitución y de la ley, haciendo de ellas “un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación”. En total, el Acuerdo contiene veinte acusaciones de violación a la Constitución y a las leyes, incluidas diez violaciones de derechos humanos, por lo que en la conclusión segunda llama a las Fuerzas Armadas y Carabineros a “poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas… con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho…”. En otras palabras, la Cámara de Diputados exige a las Fuerzas Armadas derrocar al gobierno si éste no corrige su actuar “ahora ya”. 

Y así lo entendió el presidente Allende quien, en su respuesta del día 24 de agosto, afirmó: “Los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental”. Diecisiete días más tarde la Fuerzas Armadas y de Orden cumplieron el mandato del Poder Legislativo. 

Por lo tanto, la crisis chilena de 1973 fue —aunque no únicamente y sólo al final— un conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo en que las FFAA actuaron en apoyo el primero. Uno podrá estar de acuerdo o no con la actuación de las FFAA chilenas pero no se puede negar que: (1) la perspectiva del ex presidente Lagos sobre la crisis venezolana es plenamente aplicable a la chilena; (2) la salida que propone para la crisis venezolana es la misma que tuvo la chilena; (3) en el caso de la chilena, el ex presidente la ha condenado tajantemente.  

Entonces, sr. Lagos, de acuerdo con su criterio expuesto en La Segunda, el Golpe de Estado, Pronunciamiento Militar —o como quiera llamársele— de 1973 fue justo y legítimo. Y de acuerdo con su criterio en aquella famosa entrevista en el programa De Cara al País de 1988, extienda su dedo índice y apúntelo a usted mismo.