Prostituirse es vender el cuerpo y el alma a cambio de un precio. El reglamento para negarse en conciencia a practicar abortos, tramitándose en Contraloría, tal vez no pretenda pero finalmente consagra una sutil, larvada y patética inducción a la prostitución institucional: «Si quieres recibir recursos del Estado para seguir desarrollando prestaciones médicas en sectores de alta vulnerabilidad, deberás sacrificar tus juradas convicciones de abogado defensor de la vida, y rendirte sumisamente a tus dos poderosos amos: el Estado y el dinero«.

El Estado ¿tiene derecho a reglamentar la conciencia, obligando a realizar acciones que no están mandadas por la ley? ¿No es precisamente obligación constitucional del Estado garantizar la inviolabilidad de la conciencia y el ejercicio libre, privado y público, personal y grupal, de aquellas creencias y convicciones expresadas en la personería jurídica que el mismo Estado ha reconocido a los credos religiosos y a las asociaciones que en ellos se inspiran?

Si alguien, por convenio, me facilita dinero para que yo realice servicios que beneficiarán a los más necesitados y, por extensión, al mismo facilitador del dinero (ganará prestigio, credibilidad y apoyo ciudadano, además de ver realizado por otro un trabajo que le correspondía hacer a él) ¿se deberá entender que por el solo traspaso de recursos se ha adueñado él de mi conciencia, al punto de ordenarme hacer cosas que no formaban parte del convenio al momento de suscribirlo, y que sabidamente repugnan a mis convicciones morales? Si yo supiera desde el principio que esa era la intención e interpretación de mi proveedor de recursos, jamás le aceptaría recibir su dinero, aunque estaba destinado a los pobres. Mi aceptación importaría un autoultraje, como quien prostituye su alma y su cuerpo a cambio de un beneficio personal o familiar.

Jurídicamente, es falacia argumentar que la objeción de conciencia involucra siempre desobediencia a la ley. El art. 1° del Código Civil es explícito: la ley manda, prohíbe o permite (¡autoerigidos pontífices del Derecho: lean!). Si una ley despenaliza es que renuncia a castigar y por ello permite realizar la conducta antes prohibida. Durante años nos resignamos a escuchar la falacia de que a nadie se imponía, sólo se permitía, y muy restrictivamente, abortar. Siempre supimos que era mentira. Hoy tenemos la evidencia: mentira y violencia homicida van siempre perversamente unidas.

Si no te sometes a la ley que permite abortar, te quitaré el dinero que convine entregarte para servicio médico de los más vulnerables; Abuso de poder, protagonizado por quien tiene por función primordial cautelar el derecho de toda persona a la vida y a la libertad. Franca, vergonzosa y pública intimación inductiva a la prostitución.

Sabiamente nos advirtió Jesús: no teman a quien les pueda matar el cuerpo. Teman a quien pueda llevarles a la perdición final del alma y del cuerpo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Diario Financiero, www.df.cl