La democracia funciona mediante representantes electos y exige sujeción al derecho. Y en ella los parlamentarios son los únicos que aprueban las leyes que rigen en la sociedad. Pero en Chile es cada vez menos así. Mientras en el Congreso se discute un proyecto de ley de identidad de género, que definirá si habrá en Chile un reconocimiento a un estatus más amplio que la tradicional dicotomía “hombre y mujer”, como asimismo, la eventual forma, requisitos y oportunidad en que se podrá solicitar el cambio de sexo y, consecuencialmente, de nombre, la Corte Suprema dictó un fallo que autoriza la rectificación de ambos en la partida de nacimiento en un caso concreto, basada en declaraciones efectuadas por un organismo interamericano.

La pregunta que surge es para qué seguir tramitando el proyecto de ley. Porque la Corte ya decidió hacer una reforma al respecto; no importa que no haya ley, el asunto va igual. Implícitamente, además, que a los parlamentarios no les sirve de nada votar en contra, porque esto ya fue definido afuera. Lo paradójico es que la sentencia se emitió conociendo de un recurso de casación en el fondo, que tiene por objeto anular decisiones de tribunales inferiores que han incurrido en “infracción de ley”, transgresión que el máximo tribunal declaró luego de reconocer expresamente que no existe ley que regule la materia. ¿Cómo se puede incurrir en infracción de una ley que no existe? El recurso judicial existente para cautelar la supremacía de la ley, sirve de base para reemplazarla. Y cabe recordar que la única manera de no aplicar la ley vigente -que nada dice al respecto- sería declararla inconstitucional, lo que es competencia del TC.

Pero no sólo los jueces asumen los fueros parlamentarios, sino también los alcaldes. Se presenta un proyecto de ley que prohíbe las bolsas plásticas en el comercio, cuando ya muchos alcaldes las han prohibido. Esto, a pesar que la Contraloría ha establecido que carecen de la facultad de hacerlo. Pero inventaron una solución: las “ordenanzas municipales voluntarias”, que todos sabemos que a los supermercados no les queda otra que cumplirlas “voluntariamente”. Algo que en cualquier estado de derecho sería investigado como una extralimitación de funciones, pero no aquí. Y qué hablar de los alcaldes que crean figuras cuasi delictuales como el acoso callejero. Es que sobra la norma constitucional que dice que sólo la ley puede tipificar infracciones y establecer sanciones.

Lo preocupante es que no ha habido ni un solo parlamentario que haya salido a defender sus fueros como generador de las normas que rigen la convivencia. Los de izquierda, porque están felices de que la frontera se mueva hacia su lado y los de derecha, porque no se atreven a jugársela por nada. Siendo así, propongo que se suprima el Congreso -bastante caro nos cuesta- y que la vida social se rija en lo sucesivo por fallos y ordenanzas municipales. Una nueva forma de democracia.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.