La semana pasada nos enteramos de que la Contraloría anuló el protocolo de objeción de conciencia por aborto. Ante los vítores de una oposición triunfante, la respuesta del gobierno fue sensata: respetar el Estado de derecho y acatar la decisión. En el intertanto, quien observe el horizonte podrá ver con claridad que una tormenta se avecina, una que comporta un aumento significativo del sufrimiento en la sociedad. Hablo de las otras mujeres con problemas gineco-obstetras, quienes dependen para su atención de un sistema de salud ampliamente sobrepasado que no puede darse el lujo de prescindir del aporte de las instituciones privadas. Es entonces cuando una se pregunta: ¿Era ésta la única manera de poner en práctica la ley de aborto en las tres causales?

Max Weber, en su obra La política como vocación, afirma que quien se mete en política hace un pacto con el Diablo. Pero con ello se refería a algo muy distinto de lo que ha sucedido en el caso que aquí comentamos. Lo que el sociólogo advertía era que, en ocasiones, la política exige transar los principios personales debido a las consecuencias que comportan. Aquello que Weber consideraba la presencia del mal en política es exactamente lo opuesto a lo que observamos en el caso de la ley de aborto. De ahí que sea sensato preguntar por qué, teniendo a la vista la diversidad de valores que existen en nuestra sociedad y la necesidad de la colaboración con el sector privado, los diseñadores de esta política pública decidieron implementarla sin tomar en consideración sus consecuencias que, insisto, elevarán considerablemente los niveles de sufrimiento en nuestra sociedad. ¿No podía el Estado disponer de departamentos al interior de los hospitales públicos que sirvieran al cumplimiento de la ley y respetar el acervo valórico de las personas e instituciones privadas?

Si volvemos a Weber y vemos las buenas intenciones que tienen quienes desean aliviar el sufrimiento de las mujeres que se benefician de la nueva ley, nos damos cuenta de que no es maldad. Más bien, estamos frente a un tipo de crueldad que resulta de un proyecto político que no considera las consecuencias. El problema es que no es una crueldad aislada, sino sistemática y que afecta a diversos ámbitos.

Por ejemplo, en la educación vemos crueldad cuando se promueve una reforma que puso en jaque la existencia de los establecimientos subvencionados, porque a los políticos de turno les molesta que se cobre por la prestación de un servicio. Pero además, es cruel que ello se haga en contra de la libre elección de los padres, que los prefieren frente a la educación pública. También es cruel que se siga vendiendo el sueño del título profesional cuando sabemos que la mitad de los chilenos no se gana la vida ejerciendo su profesión. Y no deja de ser cruel que se promuevan leyes laborales inspiradas en la añeja lucha de clases, cuando sobre el 60% del trabajo formal podría ser automatizado. Podemos agregar a nuestra lista que, en el pasado reciente, mientras parte importante del país se reducía a cenizas, fue cruel negarse a aceptar la ayuda del avión Supertanker, así como en el futuro cercano es tremendamente cruel continuar amenazando con estatizar la Teletón, sobre todo teniendo a la vista los horrores de la intervención estatal en la vida de los niños a través del Sename.

Puede haber varias explicaciones posibles para tanta crueldad. La que en este momento salta a la vista, apunta a que las decisiones políticas del gobierno pasado tuvieron como corolario el debilitamiento de todas aquellas instituciones y formas de vida que se constituyen en una alternativa frente al Estado.

Sin embargo, lo que está en juego no es sólo la pluralidad de formas de vida y la supervivencia de las instituciones en la sociedad civil. Además, pareciera que el objetivo político de algunos es el debilitamiento de la alianza entre el Estado y el sector privado, tan necesaria para disminuir los niveles de sufrimiento en nuestra sociedad. Es en el daño a esta alianza que las consecuencias son evidentes. Basta una rápida revisión a la experiencia histórica para persuadirnos de que en el momento en que ambos sectores se disocian, las tensiones sociales se agudizan y el desencanto se extiende, abriendo las compuertas a proyectos políticos que, al menos hoy, muy pocos chilenos escogerían. Por todo lo dicho creo conveniente pedir una “revisión de conciencia” a nuestros “representantes”.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl