Al conmemorar el bicentenario también debemos pensar en la organización republicana que adoptó el país luego de conquistar la independencia. Evocarla nos permite entender un componente fundamental de nuestra identidad política.

No fue fácil consensuar una formula en medio del proceso de descolonización que necesariamente afectó a la nación, considerando, además, que el grito de libertad respondió más a un sentimiento antimonárquico que a una convicción republicana generalizada. La mentalidad fraguada bajo el imperio español aún conservaba su peso específico en la sociedad chilena. Recién hacia 1830 se conoció un planteamiento -Diego Portales mediante- que fue compartido intelectualmente por miembros de élite.

Ante la incultura cívica reinante y escaso conocimiento del ideario liberal, se optó por instaurar una república dotada de un Poder Ejecutivo poderoso, la Presidencia de la República, cuyo deber esencial fue el bien común de la patria, dejando bajo su responsabilidad la vitalidad total de ella. Así, por ejemplo, la educación y promoción de las virtudes cívicas, para formar ciudadanos que sostuvieran una futura democracia.

En adelante, a medida que la clase dirigente contribuyó al progreso espiritual y material del país, fue gradualmente asimilando el liberalismo que campeaba en las potencias europeas, de manera que las nuevas generaciones dirigentes fueron abandonando las concepciones tradicionales en la misma proporción que se modernizaban políticamente, contradiciendo el paradigma conservador de la Constitución de 1833. Su afán, que no cejó, fue suplantar el sistema presidencial por uno parlamentario. Enfrentó, con todo, al Mandatario José M. Balmaceda, quien defendía la doctrina presidencialista y abominaba dejar el poder en manos de una clase social, pero fue derrotado en la Guerra Civil (1891). Se impuso un supuesto sistema «parlamentario» que anuló hasta el extremo la institución de la Presidencia de la República por las tres décadas siguientes.

Fue Arturo Alessandri, y su Constitución de 1925, quien reeditó el régimen presidencial, pero adecuándolo a la realidad social e ideas políticas dominantes, al declarar que la República era democrática, popular y representativa. Sin embargo, y en cuanto a lo tocante al tema, desde 1932 en adelante, la nueva clase política representada en el Congreso Nacional (izquierda, centro, derecha) fue exteriorizando su empeño, mediante diferentes prácticas políticas, por contrarrestar las que calificarían de excesivas facultades del Ejecutivo. La aspiración de fondo era implementar el cogobierno, anhelo máximo del partido en que militaba el Presidente o del conglomerado que lo apoyaba. Todos los presidentes lo sufrieron en distintos grados, quizás más visiblemente Juan Antonio Ríos y Eduardo Frei Montalva, y gravemente Salvador Allende, porque aceptó y fue presa del cogobierno de la Unidad Popular.

Después de la primera década de restaurada la democracia, se han venido escuchando comentarios negativos hacia el régimen presidencial y atisbos de cogobierno por reclamos partidistas, al no ser tan considerados por La Moneda o quejas por la escasa representación (cuota) ministerial lograda, etc., hasta se ha deslizado la idea de reformarlo. Según el historial señalado, ¿el reproche al presidencialismo es una cuestión de la base ciudadana o es más propia de partidos, de analistas políticos?

Tiendo a creer lo segundo. El reparo exterioriza el interés partidario -¿con acento ideológico?- por intervenir en la gestión gubernativa. La Presidencia es una concepción matriz, fundacional. Una demanda surgida en momentos de crisis o incertidumbre. Es una reacción natural un tanto paternalista que gravita en el ciudadano corriente, para quien la autoridad presidencial representa el orden y de quien espera conducción y soluciones a necesidades. No estaría de más considerar la historia al pretender gestionar una reformulación del régimen presidencial.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio