Como es sabido, en atención a nuestra naturaleza social y política, desde siempre los seres humanos hemos tenido que coexistir para vivir, pues no somos autosuficientes. Sin embargo, pese a ello, los conflictos entre nosotros son muy comunes, lo que también hizo necesario encontrar un medio de solución civilizado y en lo posible justo desde la noche de los tiempos.

Es así como se creó la figura del juez: un tercero imparcial llamado a dirimir el conflicto. Sin embargo, poco se logra si éste dicta su veredicto de manera arbitraria o antojadiza, pues la idea es que se arribe a una solución lo más justa posible, ya que en caso contrario, el conflicto seguramente continuará.

Además, como las personas pensamos a veces de manera muy diferente, también se establecieron normas comunes para los miembros del grupo (las leyes), a las cuales todos debían someterse y que igualmente, debían ser el parámetro para la solución del juzgador. En un principio estas reglas fueron consuetudinarias, transmitidas por la costumbre. Sin embargo, pronto se vio la absoluta necesidad de escriturarlas, para que todos pudieran tener claridad sobre cuál era su contenido.

Es por eso que en muchos países, como el nuestro, la idea fundamental es que el juez falle no tanto de acuerdo a su criterio (el que obviamente debe aplicar, pue en caso contrario, no podría llegar a veredicto alguno), sino sobre todo, basándose en las leyes prestablecidas. Sólo eso permite saber de antemano cuál podría ser la sentencia que dicte, tener las reglas claras a este respecto y eventualmente, reclamar ante lo fallado, precisamente por no tomar en cuenta esas reglas prestablecidas o hacerlo de manera defectuosa. Y por lo mismo, el juzgador debe fundamentar claramente su sentencia en esas leyes.

Pues bien, desde hace ya algunos años, todo este modo de proceder, que pese a sus fallas puede muy bien considerarse un logro de la humanidad, está siendo peligrosamente erosionado mediante el llamado “activismo judicial”, que consiste básicamente, en la tendencia de varios juzgadores a fallar más o incluso únicamente de acuerdo con su criterio, que ateniéndose a lo establecido por las normas en las que debieran fundamentarse.

Este fenómeno se está dando tanto en jueces nacionales como internacionales, al punto que cada vez resulta más difícil predecir cuál será su decisión. Cuestión delicada, no sólo por los inevitables abusos a los que puede conducir, sino además, porque con esta práctica, de poco vale tener leyes o tratados prestablecidos, si ellos pueden ser ignorados tan fácilmente.

Además, con esta práctica, los jueces acaban convirtiéndose en auténticos legisladores (o en el caso internacional, de modificadores de los tratados existentes), con lo cual se están arrogando funciones que no les corresponden y para las cuales nadie los ha investido. Ello, sin perjuicio de constituir un desprecio por las decisiones tomadas de manera democrática dentro de un país, o de los acuerdos internacionales alcanzados en su momento.

Todo esto hace que la confianza en el procedimiento judicial como método de solución de conflictos decaiga, con las nefastas consecuencias que ello podría producir.