Este domingo estamos convocados a elegir Presidente de la República, optando entre dos candidatos: Guillier o Piñera. Algunos podrán decidir por razones utilitarias o accidentales, como la capacidad de gestión, el énfasis en el crecimiento o en la igualdad, la experiencia política, la alternancia en el poder o la garantía de gobernabilidad. Para otros, entre los cuales me cuento, la decisión pasa por una valoración de los modelos de sociedad que, aunque con matices, se enfrentan en esta segunda vuelta presidencial: el de un Estado subsidiariamente solidario, que reivindica el papel de la sociedad civil, y el de un Estado hegemónicamente solidario, que desprecia dicha sociedad.

Aunque el Frente Amplio no se ha plegado a la candidatura de Alejandro Guillier, este se ve a sí mismo como líder de las «fuerzas progresistas» y continuador de las «transformaciones» iniciadas por la Presidenta Bachelet. Coincide con el diagnóstico de que existe un hondo malestar social causado por los abusos del régimen neoliberal heredado del gobierno de Pinochet, por lo que sería necesario sustituir la lógica de la subsidiariedad y del mercado por la de los «derechos sociales» universales y provistos gratuitamente por el Estado.

Ilustra bien esta idea la comparación que hizo Fernando Atria de la Teletón con un gran bingo solidario: «Cuando voy a un bingo -declaró-, pienso dos cosas: por un lado, por supuesto que el espectáculo de la comunidad uniéndose para ayudar es conmovedor y uno lo celebra, pero al mismo tiempo es una vergüenza que la salud se financie con bingos«. Es decir, bonito y emocionante que la sociedad civil se organice para forjar experiencias de solidaridad comunitarias, pero también ignominioso que no sea el Estado el que asuma primariamente esa responsabilidad.

Los partidarios de esta tesis se quejan cuando se les moteja de estatistas y advierten que no hay que confundir lo estatal con lo público: lo público -se dice- admitiría la participación de los privados. Lo cierto es que esa participación es aceptada siempre que se avenga a las exigencias del poder estatal y se rija por sus reglas. Es lo que sucedió con la ley de inclusión escolar, que mantuvo los colegios privados subvencionados, pero siempre que se convirtieran en entidades sin fines de lucro, no establecieran criterio alguno de admisión y excluyeran el copago. La política de «gratuidad» universitaria, por su parte, importa la fijación por parte del Estado de aranceles y vacantes, con el consiguiente menoscabo de la autonomía universitaria.

Lo más triste es que el modelo de la hegemonía del Estado a través de los «derechos sociales» garantizados, más allá de los cuestionamientos por la escasez de los recursos fiscales y lo regresivo de su funcionamiento, da lugar a una sociedad menos solidaria. Es previsible que una comunidad en la que educación, salud, previsión y trabajo son teóricamente provistos por el Estado, financiados vía impuestos, genere un tipo de ciudadano ensimismado que no tenga en cuenta más que sus apetencias personales y se muestre indiferente a las necesidades de los demás y al bienestar público: «Para eso ya pago mis buenos impuestos –podrá decir-…, si alguien sufre o carece de bienes, que el Estado se haga cargo y no me molesten a mí«. Curiosamente, una especie de «neoliberalismo» brutal puede ser compatible y funcional con este modelo de «lo público«, en que la solidaridad es institucionalizada por un Estado proveedor de «derechos sociales» universales y garantizados.

Esta es la disyuntiva que se presenta a quienes concurran a las urnas: si nuestro país se reorientará hacia una forma de sociedad en la que el mercado, debidamente regulado, conviva con la sociedad civil y con un Estado subsidiariamente solidario, o si asumiremos definitivamente la ruta hacia un modelo de sociedad en que, mediante la fórmula de los «derechos sociales» garantizados, se abrirá la puerta a la hegemonía de lo estatal y, paradójicamente, a un creciente e insolidario individualismo neoliberal.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.