Los medios de comunicación han informado que el próximo gobierno deberá pagar aproximadamente 12 mil millones de dólares sólo en intereses, como consecuencia del alza que ha experimentado la deuda pública. Vale la pena recordar que, de acuerdo a los cálculos del ex ministro Arenas, la reforma tributaria recaudaría 8 mil millones de dólares aproximadamente. O sea, sólo en intereses estamos pagando —en los cuatro años— una vez y media la recaudación anual adicional del nuevo régimen tributario, recaudación que no se produjo ni de cerca, por la caída en la actividad económica.

Es evidente, entonces, que el incremento del gasto que se ha hecho en estos años ha sido financiado en una parte muy importante con endeudamiento, por lo que no resultará sostenible si es que el país no vuelve a crecer y generar ingresos propios suficientes. Esta es la realidad con la que se debe confrontar el llamado “legado” del actual gobierno. La Presidenta nos ha dicho que las reformas han dado paso a una sociedad más justa y más inclusiva, puesto que se ha “avanzado” en el reconocimiento de derechos sociales —gratuidad en educación superior por ejemplo—, pero no nos había dicho que esos “avances” no están financiados y que, como se dice coloquialmente, “estamos viviendo de prestado”.

Es la ilusión de un país más justo, que durará hasta que la realidad nos alcance y tengamos que ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos. Ese es el momento en que descubriremos la triste realidad, ese será el momento en que algunos segmentos de pobres, con menor capacidad de presión probablemente, sufrirán los rigores del ajuste de cinturón. Es ahí cuando se produce solapadamente el efecto real, la competencia por los recursos escasos se resuelve en contra del que tiene menos poder de presión política. Y hasta ahí llegó la pretensión de una sociedad más justa.

Este es probablemente el cambio más de fondo que se produjo en este gobierno, en relación con todo lo que fue el período de la transición. Aquí está el consenso fundamental que se rompió y que nos devolvió algo así como 50 años al pasado: la responsabilidad y sustentabilidad fiscal, que lleva a financiar las políticas sociales fundamentalmente con incremento de los ingresos y no con redistribución.

Hasta que llegó la Nueva Mayoría con su discurso del abuso y la desigualdad, que prometió un cambio redistributivo, que ignoró los impactos en el crecimiento de los ingresos de esas políticas redistributivas. Vale decir, volvimos a aquella épocas en que la izquierda latinoamericana pensaba que se podía reducir la pobreza a punta de leyes que establecieran normativamente una realidad distinta. Pero la realidad, lamentablemente, prefiere casi siempre las leyes de la economía antes que las del derecho, y eso es por una razón muy simple: las leyes económicas son descriptivas, dan cuenta de la realidad como es; las del derecho, en cambio, son prescriptivas, describen la realidad como debiera ser.

Por eso, las leyes jurídicas regulan las relaciones humanas y las económicas regulan la relación de los humanos con la escasez de los bienes. Esto, que parece tan simple, delimita la frontera entre los países exitosos —que no gastan más de lo que producen y, por lo tanto, progresan—, en relación con los que caen en el populismo y disfrazan el empobrecimiento bajo la ilusión de una aparente justicia social.

Este es el verdadero legado de la Nueva Mayoría y el futuro del país depende de que, como en el derecho sucesorio, declinemos tomarlo y volvamos a la fórmula más concreta y simple que nos hizo progresar: primero producir y luego repartir.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl.