Educación particular subvencionada

“§ 40. El sistema de educación debe dejar el debido espacio a las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Lamentamos que en estos años se hayan puesto reiterados obstáculos a aquellos sostenedores de colegios que ejercían su labor con esmero y responsabilidad. Valoramos especialmente la acción abnegada de quienes, por razones solidarias, dedican sus mejores esfuerzos a proyectos educativos en favor de los más necesitados. El salto de calidad que Chile debe dar en materia de educación exige una acción mancomunada de la autoridad pública y las múltiples iniciativas que surgen de la sociedad civil. El problema de la educación pública no es la educación privada: son aliados con un mismo fin.”

Bien planteado, pero faltó claridad para decir que buena parte de esas iniciativas surgen de las distintas confesiones religiosas, y muy particularmente, de las instituciones y personas de la Iglesia Católica.

Diversidad en la educación Superior

“§ 41. La educación pública desempeña un papel importante en el sistema de educación superior, pero resulta imprescindible reconocer la pluralidad del mismo. Su diversidad permite dividir el poder intelectual, lo que resulta muy deseable para consolidar una vida política republicana. La variedad de su sistema educativo es una riqueza para Chile y un elemento que ayuda a la preservación de la democracia. Debe asegurarse la autonomía de toda institución universitaria y evitarse discriminaciones basadas en la mera antigüedad o la naturaleza jurídica de las mismas.”

Unos de los párrafos más sorprendentemente débiles y ambiguos de todo el documento, considerando la dedicación universitaria de varios de sus firmantes. Cuatro son los problemas fundamentales: haber usado tácitamente mal, como sinónimo de estatal, la palabra “pública”; centrar la tarea de la educación superior en la consolidación de la vida republicana y democrática -dimensión institucional muy deseable- olvidando que su objetivo primordial es formar personas desde la conciencia y la familia, y hacia lo intermedio y lo público; omitir toda referencia a la calidad que debe auto exigirse el sistema de educación superior; y, finalmente, olvidar que entre las discriminaciones arbitrarias más graves están las referidas a la orientación de los proyectos educativos.

El financiamiento

“§ 42. La gratuidad universal para la educación superior es una política pública equivocada, regresiva y que genera insalvables problemas a la hora de su aplicación. Ellos se traducen en déficits financieros de los planteles que se acogen a la misma, deterioro de la calidad de los proyectos educativos y lesión a su autonomía. El país debiera revisar si es razonable perseverar en incrementar la promesa de gratuidad que hoy está prevista para el 50% más vulnerable, atendiendo todos los efectos adversos de la misma. Además, cuando al aporte estatal se suma el de los privados, el conjunto del sistema de educación superior dispone de más recursos, lo que permite elevar su calidad. En cualquier caso, hacia el futuro, la gratuidad deberá coexistir con un sistema de créditos, becas y ayudas estudiantiles. Es fundamental excluir toda discriminación en la asignación de tales beneficios. Ellos deben atender a la vulnerabilidad de los estudiantes y no a factores ajenos a sus necesidades. Cualquier apelación a la diversidad del sistema educativo se tornará ilusoria si no va acompañada por una igualdad de trato a los estudiantes.”

Algunas dimensiones del problema están bien planteadas, pero se ha perdido la oportunidad de mostrar el grave daño antropológico que va a causar la gratuidad una vez disociada del mérito personal. Todo el párrafo tiene un tono de entreguismo a una de las políticas más nefastas para las personas jóvenes que se hayan concebido en Chile.