La aprobación del aborto será, por lejos, el legado más duradero y dañino del gobierno de Michelle Bachelet. Una herida que no dejará de sangrar, no solo porque permitirá una práctica médica cuestionable, sino también porque consagrará un principio de amplias consecuencias: en Chile es ahora legal poner fin de manera deliberada a una vida inocente.

Los promotores y los defensores de la iniciativa repiten una y otra vez que se trata de una opción modesta, acotada a tres situaciones concretas. Pero, tanto en el mensaje presidencial que acompañó el proyecto de ley como en las intervenciones que celebraron el “triunfo” tras el dictamen del Tribunal Constitucional, los argumentos invocaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, incluso si ello supone pasar por encima de la vida del que está por nacer. O sea, fueron mucho más allá de la justificación de las tres causales, utilizando en cambio razones que se aplican más al aborto libre que a uno restringido.

Al enmarcar su discurso de esa forma, los promotores del aborto consiguieron una victoria cultural que abre posibilidades insospechadas. Un 70% de la población respalda el aborto en tres causales. Y, aunque la mayoría rechaza hoy la posibilidad de legislar a favor del aborto libre, no es capaz todavía de advertir que los argumentos para impulsar un proyecto de esa naturaleza ya han sido validados en el debate.

La Presidenta Bachelet señala que ha cumplido “un compromiso fundamental que asumimos con las mujeres”. Como siempre, deja de lado un componente clave de la ecuación: los niños que no verán la luz a raíz de la legislación aprobada. La Mandataria parece no comprender que, como decía Edmund Burke, vivimos en una asociación entre los vivos, los muertos y los que están por nacer.

Todos ellos son parte de nuestra comunidad. Al permitir y validar el aborto, Chile ha decidido amputar parte de su riqueza más básica, hiriendo profundamente el alma nacional.

Tampoco parece entender la Jefa de Estado la innegable ironía que supone la aprobación del aborto bajo su mandato. Un gobierno que declaró desde el comienzo que su propósito era poner atajo a la desigualdad promueve la peor de las injusticias, que es la que se comete contra seres inocentes e indefensos. No hay asimetría mayor que la del aborto, el cual siempre es perpetrado contra una persona cuya voz no es escuchada y cuyos derechos son ignorados y atropellados. El aborto involucra la más radical de las desigualdades.

Es imposible que una sociedad que avala este tipo de injusticia no sufra consecuencias negativas. La herida abierta continuará sangrando, como ocurre en prácticamente todos los lugares donde existen legislaciones similares. Varias de esas sociedades están reconsiderando y dándose cuenta del enorme perjuicio que se han causado a sí mismas al terminar de manera prematura con la vida de los que carecen de voz, pero no de derechos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.