Han sido días agitados en la coyuntura nacional. La intensa agenda política y legislativa del país transita entre las aguas de un período de campaña electoral presidencial, combinadas con las de un gobierno necesitado de consagrar algún legado político. A toda máquina la gran reforma universitaria –que en nada contribuirá a las mejoras anheladas– y el aborto, buscan transformarse en emblemas de un progresismo a la chilena donde priman las agendas “valóricas y políticas” de la izquierda en desmedro de un genuino respaldo ciudadano que a estas alturas es irreversible. Pero mientras eso sucede, no podemos dejar de advertir algunas señales que, silentes pero amenazantes, se han instalado en el debate con connotaciones muy desfavorables respecto a los estándares mínimos de una sociedad libre.

Dos ejemplos por estos días. El primero de ellos, es el “Bus de la Libertad”. Cuesta entender cómo la agresividad del lobby gay y la ideología de género buscan anular mediante la violencia –literal– a quienes defendemos la realidad natural del matrimonio entre hombre y mujer. Mientras las organizaciones LGTBI pueden realizar festivales, cientos de marchas –algunas con cobertura en noticieros–; mientras llegan a “acuerdos” con el Gobierno en temas legislativos sin que nadie se oponga, se los agreda o se los “fune”, una manifestación que no consiste más que en la circulación de un bus con una leyenda donde se reivindica el matrimonio natural y el derecho de los padres a educar a los hijos no sólo es agredido, rayado y “funado”, sino que las organizaciones detractoras piden a las autoridades “impedir” que el bus circule. Incluso se lo llamó “bus del odio” y de la “intolerancia”, como si discrepar de las posturas del MOVILH fuera una incitación al odio. Ridículo.

Buscar la ofensiva a partir de la descalificación es una táctica propia de grupos en extremo ideologizados, quienes buscan imponer una postura en base no a argumentos, sino desde la energía que confiere la indignación moral. Quienes no piensan como ellos simplemente no tienen derecho a expresar su postura. Insólito e inaceptable.

El mismo martes 12 de julio, mientras el bus naranjo llegaba a Valparaíso, la comisión de constitución de la Cámara aprobó el proyecto de ley que “sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, (Boletín N° 8049-17).” Un proyecto que lo que busca penalmente es velar por un bien jurídico protegido denominado “verdad histórica” (ver intervención del Diputado socialista Leonardo Soto), cosa que es bastante novedosa desde el punto de vista de los fines del derecho penal. Reconocer violaciones a los derechos humanos no puede implicar promover una policía del pensamiento de corte orweliano.

Para ser claros, si una persona no piensa igual que una determinada mayoría parlamentaria circunstancial respecto a ciertos episodios concretos de la historia de Chile, podría terminar privado de libertad. ¿Hay algo menos democrático y totalitario que imponer una verdad histórica oficial por ley? Como dato, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifestó en contra del proyecto.

Lo propiamente ideológico es la imposición por la fuerza de un conjunto de ideas que pugnan con la realidad. De ahí que Joaquín Fermandois haya definido ideología como una fe, social, secular y pararracional que busca la construcción de una utopía. En ambos casos se perciben estos rasgos: un verdadero integrismo secular, tanto en la forma de mirar a la naturaleza humana como respecto a imponer una verdad de la historia. Y como es pararracional –por atentar contra el sentido común– la única posibilidad de hacerlos valer es mediante la imposición violenta, ya sea política o física. Estamos, por ende, frente a actitudes que amenazan flagrantemente a uno de los pilares esenciales de la arquitectura democrática en una sociedad libre: el derecho a la libertad de expresión y opinión sin censura previa.

¿Quién es el intolerante?

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.