Resulta del todo incomprensible la irresponsabilidad de algunos parlamentarios que, por un afán populista, están impulsando iniciativas como la eliminación del Crédito con Aval del Estado en pos de generar la tan mentada gratuidad universal. Quienes proponen lo anterior no tienen ninguna consideración por las prioridades que tiene que tener un Gobierno con los recursos públicos, orientados a los que más necesitan y nada tienen (parafraseo al Padre Andrés Ariztía, de la Fundación Las Rosas).

Somos miles los profesionales que estudiamos en las pocas universidades que existían en Chile hasta fines de los 80 y que financiamos nuestra carreras con Crédito Fiscal (predecesor del CAE) y devolvimos hasta el último peso que nos prestaron. Resulta de perogrullo que el principal beneficiario de financiar una carrera profesional con gratuidad sea el propio estudiante, pero los recursos para financiarlo provendrán del erario nacional donde todos –cual más, cual menos–, aportan con impuestos.

Con esto se produce la paradoja de que los más pobres, con sus impuestos, terminan financiando la educación de los que pueden pasar a ser de los más ricos, porque no hay duda de que estudiar en el sistema universitario o profesional mejora de forma sustancial el perfil de ingresos futuros, siendo muy superior al de aquellos que no lograron ingresar a una universidad, CFT o IP.

Es cierto que una población más educada y profesional genera una externalidad positiva a la sociedad y convierte a la educación en un bien público por la vía de más y mejores profesionales, pero ello no puede ser en desmedro de las prioridades que tienen miles de personas postergadas y que necesitan de la ayuda del Estado.

Además la gratuidad, como se está discutiendo, tiene una trampa que nadie ha advertido, ya que para dar educación superior gratis se está proponiendo que esos profesionales debieran tener una carga tributaria adicional, por haber usado recursos públicos en su educación. Pues bien, la trampa es que esa mayor carga tributaria es equivalente a devolver un crédito fiscal de forma forzosa, y si ello no tiene fin, esos “beneficiarios” estarán toda la vida pagando. Pero si ese impuesto tiene un límite de tiempo o monto, estamos hablando directamente de un crédito que se devuelve en cuotas.

Por supuesto que cuando una familia tiene a su hijo en un colegio municipal, entrar a la universidad es una carga importante, porque deben pagar por lo que antes no pagaban, educación. Algo no muy diferente viven las familias que tuvieron a sus hijos en colegios particular-subvencionados, porque los aranceles universitarios son, en muchos casos, muy superiores a los copagos que tenían en la educación media. Probablemente, las familias de los alumnos que provienen de colegios particulares son las que menos notan el efecto económico de la educación superior, ya que en muchos casos los aranceles universitarios son inferiores a  lo que pagaron durante 14 años.

Con todo, el costo de una carrera, sea cual sea la universidad o institución de educación superior que la dicte, es real y alguien tiene que pagarlo. Los discursos populistas de gratuidad solo provocan un empeoramiento en la distribución del ingreso, ya que financiarla con recursos públicos provoca una transferencia de riqueza de los más pobres hacia los que no lo son. Esto se produce no solo por los recursos directos que habría que traspasar a las universidades, sino que además por los usos alternativos de esos fondos, más urgentes y necesarios para miles de chilenos que viven en la precariedad y que serán postergados.

¿Solución? Una combinación de crédito fiscal contingente al ingreso y becas para aquellos que tienen más dificultades económicas para financiar la carrera. El crédito se puede dar con un aporte del Estado por una vez, y que solidariamente todos los beneficiados van devolviendo para poder seguir financiando a los nuevos estudiantes.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl.