No vamos a comentar acerca de los problemas que sobre la sociedad chilena han tenido reformas mal inspiradas y peor ejecutadas. El Gobierno comienza a percibir con dureza las consecuencias de tal diseño, siendo posible que este año se verifique el primer trimestre de caída negativa en el PIB correspondiente. Nos ocupa otro síndrome preocupante.

A las contradicciones que el programa del Gobierno introduce frecuentemente en el funcionamiento estructural del paradigma económico que nos rige, se suman ahora festivales de nuevas propuestas fragmentarias, que se vocean desde partidos, candidatos proclamados y no proclamados, e intelectuales apasionados por contribuir a nuevas consignas. El debate público debe ser abierto, competitivo, libre y creativo, ¡por cierto!

Pero esperaríamos que como mínimo común denominador las propuestas contuviesen un cierto respeto por la racionalidad que ameritan las nuevas buenas ideas. Empezamos a observar una lluvia de “ideas originales” que –como surgen a la carrera y sin perímetros– se plantean bajo un tamiz de cierto rubor, conteniendo un frecuente agregado de tono como “buscando el diálogo” o “hacerlas en forma gradual y pausada”.

Las buenas ideas, las con fondo preclaro, van a tener adhesión dialogante garantizada (¿quién va a querer quedarse afuera?), y las ideas de calidad no tienen por qué buscar siempre la gradualidad.

Un botón de muestra. En el caso de la reforma de pensiones, cuyo objetivo compartido es elevar las pensiones, se discuten en foro público propuestas que no van al fondo del asunto: no poseen coherencia con el paradigma de asignación de recursos que nos rige. La última es: que sea el Banco Central el que capte y administre –en nombre de los afiliados del sistema– el 5% de cotización adicional, evitando dejar en las manos tradicionales la inversión de portafolios correspondiente al alza. La pregunta racional de fondo es: ¿La filosofía de autonomía del Banco Central de Chile se enfoca solamente para las relaciones monetarias con el Ministerio de Hacienda o Gobierno?, o bien, ¿pretende autonomía general comprensiva respecto de gremios productivos, sindicatos, actores financieros, inclusive respecto de ahorristas del sistema previsional? A mi entender, la verdadera autonomía es universal y es comprensiva.

Otra muestra: como la tasa de variación del universo exportador –tarea primordialmente de carácter privado (trabajadores, empresarios, comerciantes)– ha estado desvalorizándose en los últimos tres años, se expresa en debate que “el modelo exportador adolece de fallas estructurales profundas”. De inmediato llaman la atención dos cosas: si las causas fuesen supuestamente “estructurales”, qué gran pena que los próceres “público-privados” despierten al “problema” en marzo de 2017, cuando ello llevaría ya muchos años de ocurrencia.

Más de fondo: el paradigma en Chile asigna roles y tareas gruesas específicas a los distintos actores. Ha sido una obligación ciudadana de los agentes privados el encargarse de movilizar el carro exportador, responsabilizarse por identificar mercados dinámicos, y por ende –con la misma lógica– apropiarse de los frutos de sus acciones en el campo de la microeconomía exportadora: pagando mejores salarios y logrando utilidades. Allí esta el foco del tema.

Preocupa que algunas voces puedan estar pavimentando la siembra futura de alguna “irracionalidad” –como tantas conocidas– que pretenda con algún voluntarismo puro introducir mecanismos que rompan las coherencias en lo grueso hoy vigentes.

Nada obsta para buenas ideas y debates.

El llamado es para esforzarnos todos a privilegiar racionalidades básicas de ciertas vigas centrales al sistema chileno de desarrollo de largo plazo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.