Las últimas semanas han sido especialmente clarificadoras, para quien quiera apreciar la realidad con espíritu auténticamente veraz, respecto a cómo la izquierda de inspiración marxista aplica en la práctica la tan mentada doctrina sobre los derechos humanos. En síntesis, de la forma que lo ha hecho siempre aquí y allá, esto es, acomodándola a su absoluta conveniencia. Esos derechos existen para sus terroristas, nunca para quienes los combaten las más de las veces por necesidad imperiosa y legítima. Son válidos para los delincuentes que saben perfectamente que movilizarán a participar en sus convocatorias a marchas ciudadanas “pacíficas”, no para los miembros de las fuerzas de orden que deben intentar controlar al lumpen desbandado que destruye la propiedad pública y privada, agrede impunemente a transeúntes y a las mismísimas fuerzas policiales. Se esgrimen cuando se trata de individuos vinculados a la habitualmente violenta “defensa de la causa mapuche”, no así en el caso de sus inocentes víctimas: agricultores, ganaderos, parceleros o transportistas. Lo que realmente importa son sus intereses en cada circunstancia y momento del tiempo, y los suyos, mientras no caigan en desgracia y dejen de ser “suyos”. Para los demás, qué decir para los considerados enemigos, los derechos humanos servirán siempre como instrumento útil para el descrédito, la anulación y la venganza. Por cierto, todo ello encubierto de un aura de justicia.

Ocurre ahora que los derechos mínimos pensables –y disponibles en la ley– para un reo anciano y gravemente enfermo, no pueden ser aplicados a aquellas personas que se hallan en prisión condenados por los denominados “crímenes de lesa humanidad”, fruto de violaciones a los “derechos humanos”. Por supuesto, sí podrían ser sujeto de tales prerrogativas otro tipo de criminales (asesinos, violadores, pedófilos, por ejemplo), en cuyos actos pareciera que no se han lesionado los derechos humanos de nadie. Nadie que importe expresamente a la causa de la izquierda, es preciso puntualizar. Este enfoque de la justicia resulta ser muy poco justa y, desde luego, posee más bien las características de una cruda venganza. Situación que no debiera sorprender, porque es lo que la izquierda marxista (o neo) ha hecho permanentemente por más de un siglo de modo sistemático en todas partes del orbe. Por convicción, propia de su ideología, para ella la ley y la moral no tienen más valor que el de estar al servicio del proceso de lucha de clases que explicaría el devenir de la historia. Así ha quedado de manifiesto una vez más, vista la reacción que entre sus huestes ha despertado la sola propuesta de diversas autoridades y hombres de connotación pública provenientes de los poderes judicial y legislativo, de la Iglesia Católica y hasta el actual ministro de Justicia, entre otros, de que los miembros (la mayor parte en retiro) de las Fuerzas Armadas encarcelados por casos de violaciones a los derechos humanos pudiesen acceder a los beneficios que establece la ley para quienes se encuentran en las condiciones antes señaladas. Prontamente han corrido a cerrar filas y ejercer presión, para que se siga aplicando la doctrina del “sin perdón, ni olvido”, y “sin justicia” cabría agregar. En este escenario resulta penoso constatar la manera en que numerosos personeros públicos que, en principio, no concuerdan con la posición antes mencionada, callan o matizan hasta esconder totalmente sus posturas en la materia, ya sea por pequeños cálculos políticos o electorales, por incapacidad de actuar o parecer “políticamente incorrectos”, tal vez por simple cobardía. Con todo ello cuenta, sin lugar a dudas, la estrategia de la izquierda. Desgraciadamente, también ha ocurrido así aquí y allá.

Mirado el asunto con altura de miras, no sólo resulta necesario hacer valer la justicia igualmente para todos los ciudadanos (que es lo mínimo esperable en una sociedad donde prima el estado de derecho), sino que pareciera fundamental enfrentar decididamente la búsqueda de una solución amplia y definitiva para los casos de “derechos humanos” asociados a los hechos acaecidos en el país en 1973. Han pasado ya 43 años desde ese entonces y la sociedad requiere restañar las heridas, cerrar ese capítulo doloroso de su historia y poder enfocar sus energías hacia el futuro con la mayor unidad posible. En tal sentido, hacen falta líderes políticos –y sociales– que tengan la decisión y la grandeza de espíritu precisas para encarar este reto. Existe un antecedente, aunque unilateral: al final de su gobierno el presidente Aylwin indultó a numerosos presos asociados a casos de terrorismo, todos de izquierda. Sería altamente valorable que en la campaña presidencial que tendrá efecto durante el presente año, sea éste un tema a debatir. Más todavía, que quien sea electo como próximo primer mandatario de la Nación tenga la inteligencia, la voluntad y el coraje para encabezar este crucial paso hacia una verdadera reconciliación patria. Con seguridad, la historia y la mayoría de los chilenos juzgarán con generosidad su visión y magnanimidad.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por Pulso, www.pulso.cl.