En los próximos días el Movimiento No + AFP, comandado por sus lideres vinculados al Partido Comunista, señores Luis Mesina y Manuel Riesco, ha convocado a paralizar el país, los servicios públicos, los colegios y universidades y todo el sistema económico, para imponer un retorno al sistema de pensiones denominado de reparto.

Más allá de que las pensiones en Chile, como en todos los países del mundo, son bajas e insuficientes para cubrir las necesidades de un número creciente de personas que alcanzan la tercera y la cuarta edad, cuyo mejoramiento es preciso incorporar como política pública prioritaria de cualquier gobierno en adelante, la propuesta de este grupo no resuelve el problema y obedece, en realidad, a otras razones.

El sistema de reparto, que se encuentra colapsado en casi todos los países que lo aplican, se basa en que los trabajadores activos financian con su cotización previsional las pensiones de las personas retiradas del mundo laboral. Como el número de estas personas ha aumentado fuertemente en relación al número de trabajadores activos, el descuento se ha tornado absolutamente insuficiente y ha obligado a elevar la tasa de cotización y postergar la edad de jubilación o, derechamente, a reducir las pensiones o provocar déficits fiscales inmanejables.

De acuerdo con la demografía que nos caracteriza en Chile y con los datos del INE, hacia 2035, es decir, antes de 20 años, habrá solo 2,56 personas activas entre 20 y 65 años por cada persona retirada o en edad de jubilar, lo que hace absolutamente inviable el sistema de reparto, como lo ha reconocido por lo demás la propia Presidenta de la República, porque en promedio habría que descontar más del 27% del sueldo para financiar las pensiones del resto. Esto sin considerar, además, que el número de ocupados que cotizan es bastante inferior a la fuerza de trabajo.

Lo anterior, que es ampliamente conocido por los señores Mesina y Riesco, no ha sido obstáculo para que se aprovechen de la ignorancia no culpable de millones de chilenos agobiados por bajas pensiones o indignados por el abuso de unos pocos pensionados del Estado, para presionar por el retorno a un sistema de reparto en que los ahorros de los trabajadores chilenos irían a un fondo común administrado por el Estado, conforme a la decisión del gobierno de turno y al poder de presión de unos pocos gremios poderosos.

Lo que buscan es que el Estado se apropie de la administración de los 175 mil millones de dólares acumulados por los trabajadores chilenos en sus cuentas de ahorro individual, si es que no de los fondos mismos, y del incremento que se agrega cada mes, haciendo desaparecer las cuentas individuales y eliminando la necesaria relación entre la pensión que se va a recibir y el esfuerzo de ahorro personal que hay que hacer para lograrla.

Peor aún, como lo han reconocido ellos y otros de sus seguidores, el retorno a la administración estatal tiene por objeto terminar con el financiamiento independiente de los fondos de pensiones a las actividades productivas de una economía libre, que explica la gran rentabilidad que han obtenido estos fondos en sus 35 años de existencia en beneficio de los trabajadores.

El eslogan No + AFP, además de condenar al país a un desarrollo limitado y discrecional, constituye un engaño de proporciones incalculables porque no resuelve el problema de las bajas pensiones, pero sí satisface los apetitos de poder de sus organizadores.

Si quienes tienen que resolver cómo mejorar el sistema actual de pensiones se dejan presionar por este pequeño pero osado grupo dirigente, que ya ha demostrado cómo con un exiguo apoyo electoral puede manejar la política del país, habrán provocado un daño al futuro de Chile, del cual difícilmente podrá recuperarse.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.