El robo de madera en los predios forestales del sur de Chile hace tiempo que dejó de ser un hecho aislado y menos un simple delito. Solo en 2016, según cifras entregadas por Carabineros, el combate de estos ilícitos suma la incautación de 41 vehículos, entre camiones, grúas, tractores, camionetas y furgones, con un avalúo de $ 908 millones. Para qué profundizar en el perjuicio tributario para el Fisco, que bordea los $ 1.000 millones, según cifras del Gobierno. En cuanto al perjuicio a los legítimos propietarios de esa madera, basta sólo señalar que quienes la roban, luego la venden tres veces más barata que en el comercio formal.

El robo de madera siempre ha estado presente en sectores rurales de cultivos forestales, pero jamás en la escala y dimensión con que ocurre actualmente. Hoy es distinto, porque detrás hay verdaderas mafias u organizaciones que participan de los distintos procesos de la cadena de producción y comercialización. Es una actividad que funciona en las regiones del Bío Bío, la Araucanía y Los Ríos tal cual cómo funciona la industria formal: hay cuadrillas de volteo, maquinaria para carga, camiones de transporte y compradores del producto, que no me cabe duda luego deben revenderlo.

Lo anterior es preocupante, ya que es una actividad ilegal que va en aumento, lo que no es extraño. Ocurre principalmente donde existen altos grados de inseguridad e impunidad, las llamadas zonas rojas del conflicto indígena, ciertas zonas de las comunas de Tirúa, Cañete, Contulmo, Collipulli, Lumaco y Lanco. Allí coincidentemente suceden los atentados con connotación indígena y, en paralelo, el robo de madera.

Esto no es casualidad. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza el dicho. Para entender el contexto, basta ver cómo comenzó en Colombia el negocio de las drogas y otros delitos asociados a ése. Cuando el Estado y sus instituciones se muestran débiles y tolerantes con ciertas situaciones, sólo se obtiene como resultado más violencia. Las zonas de inseguridad e impunidad son tierra fértil para la comisión de ilícitos, y son éstos los que directa o indirectamente financian el terrorismo en el sur de Chile, pues es el mismo terrorismo el que provoca la “situación de inseguridad” y por tanto, entrega el ambiente propicio para continuar con el negocio y mantener viva “la causa”.

Como ejemplo, hace una semana Carabineros encontró flagrante a siete personas miembros de una comunidad indígena del sector de Ercilla al interior de un predio perteneciente a una empresa forestal, con dos camiones cargados con madera y maquinaria forestal para llevar a cabo este delito. Se les requisaron los camiones y maquinaria, luego fueron detenidos y puestos a disposición del tribunal de garantía de Collipulli. El juez luego de la formalización los dejó en libertad sin ninguna medida cautelar y dio la orden a Carabineros de devolver los camiones y maquinaria a los imputados. Lo más probable es que esas personas hoy estén activas en la misma faena o hayan elegido otro predio forestal ajeno para continuar delinquiendo.

La ausencia del Estado en ciertas zonas del sur de Chile es sistémica, fallan todas las instituciones y eso es grave, porque atenta contra nuestra democracia. La sensación de impunidad —de las víctimas y de los victimarios—, la ineficiencia policial, la poca empatía judicial con los afectados, la tolerancia del Gobierno y el contexto generado por estos grupos terroristas, son los ingredientes principales para que en este río revuelto existan tantos pescadores.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl.