En la página A7 de El Mercurio del 5 de septiembre recién pasado, leo en la columna de opinión de Andrés Oppenheimer (periodista argentino, ganador del premio Pulitzer, editor de The Miami Herald) que la destitución de la presidenta Dilma Rousseff no es un golpe de Estado. Se apoya en dos definiciones agregando que la destitución de la presidente brasileña no se ajusta a ningunas de ellas puesto que “siguió todos los pasos judiciales y legislativos exigidos por la Constitución de Brasil, incluyendo el derecho de la ex Presidenta a defenderse públicamente”. Y más adelante afirma: “Un golpe de Estado es lo que hizo el dictador chileno Augusto Pinochet en 1973, lo que hizo la dictadura argentina en 1976, lo que intentó hacer el venezolano Hugo Chávez en 1992, lo que intentaron hacer contra Chávez en 2002…”.

Dejaré de lado la asociación, por demás antojadiza, que hace el columnista entre la acción de las Fuerzas Armadas chilenas en septiembre de 1973 con lo ocurrido en Argentina y en Venezuela. Quiero refutar la aplicación a lo sucedido en Chile de las dos definiciones de golpe de Estado que da Oppenheimer.

La primera de ellas es: “una acción militar u otra forma de tomar el poder que quiebre el Estado de Derecho”. La definición contiene dos requisitos: (1) cualquier forma de tomar el poder, y (2) quiebre del Estado de Derecho. En el caso chileno esto último no se dio puesto que fue el gobierno del Presidente Allende el que quebró el Estado de Derecho. Así lo declararon formal y públicamente la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados y el Colegio de Abogados. El ex presidente Eduardo Frei en su carta a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, afirmó: “… en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria”.

A mayor abundamiento, la Cámara de Diputados, en el Acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 (con mayoría demócrata cristiana) afirmó en su considerando 6°: “para lograr este fin [la instauración de un sistema totalitario] el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas a la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de derecho”. Y en el considerando 12° agrega: “En la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas”.

Resulta significativo que este Acuerdo, relativamente breve, utiliza tres veces la expresión “quiebre del Estado de Derecho”, además de otras frases que, con distintas palabras, dicen lo mismo. En total contiene veinte acusaciones de violación a la Constitución y a las leyes, incluidas diez violaciones de derechos humanos. Por eso es que en la conclusión segunda llama al Presidente de la República, a los ministros de Estado y a las Fuerzas Armadas y Carabineros a “poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho…”. Y en la conclusión tercera afirma que si no lo hicieran, “comprometerían gravemente el carácter nacional” de aquellas. Es decir, la Cámara exige a las Fuerzas Armadas derrocar al gobierno si éste no corrige su actuar “ahora ya”.

Así lo entendió el Presidente Allende quien, en su respuesta del día 24 de agosto, afirmó: “Los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental”. Y en cuanto al llamado de la Cámara a corregir el rumbo, la respuesta del Presidente fue: “los chilenos pueden estar seguros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá sin vacilaciones con su deber, para asegurar así la plena realidad de la democracia y las libertades dentro del proceso revolucionario”.

Por lo tanto, si un golpe de Estado se caracteriza por el quiebre del Estado de Derecho, no cabe otorgar tal calificación a la acción de las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973 puesto que ya lo había hecho el gobierno de Allende, pero sí se le puede otorgar a este último.

Vamos a la segunda definición de golpe de Estado: «un intento súbito por un pequeño grupo de personas para asumir el control del gobierno, generalmente a través de la violencia«. En el caso chileno salta de inmediato a la vista que al menos un requisito no se cumple: “pequeño” grupo de personas. No contamos con encuestas de la época acerca del nivel de oposición al gobierno pero quienes la vivieron saben que la gran mayoría de los chilenos no sólo apoyaba su derrocamiento sino que lo esperaba con ansias. El desabastecimiento, el estancamiento económico ‒con la cara más fea para los ciudadanos: una inflación que superaba el 500%‒, la odiosidad, los desórdenes callejeros, paros y huelgas, además del quebrantamiento institucional ya descrito, hacían insostenible la situación.

Como he dicho más arriba, los otros dos poderes del Estado ‒el Judicial a través de la Corte Suprema y el Legislativo a través de la Cámara de Diputados‒ habían denunciado la ilegitimidad del Ejecutivo, al igual que la Contraloría. Los gremios y demás ciudadanos lo hacían a su manera: el 12 de agosto dos mil mujeres de camioneros se manifestaron frente a La Moneda; el 25 de agosto, el Colegio Médico pidió a Allende la renuncia; el 31 de agosto el Colegio de Abogados pidió al Congreso su destitución; más de una docena de organizaciones profesionales que incluían a médicos, abogados, maestros, ingenieros y constructores formaron un “frente patriótico” con el único fin de lograr el derrocamiento de Allende. Y el 9 de septiembre los 29 presidentes provinciales de la Democracia Cristiana, el partido con mayor representación parlamentaria, exigieron que su dirección pidiera la renuncia de Allende así como de todo el Congreso. En conclusión, tampoco cabe aplicar al caso chileno la segunda definición de golpe de Estado.

Pero, en realidad, no me interesa mayormente cómo se le llame a lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Lo que me interesa es desnudar la mentira de Oppenheimer. Nuestras Fuerzas Armadas y de Orden NO quebrantaron el Estado de Derecho y NO actuaron por cuenta propia o en representación de un grupo minoritario; derrocaron a un gobierno ilegítimo que pretendía establecer un régimen totalitario y lo hicieron siguiendo el clamor de la gran mayoría ciudadana después de agotadas todas las instancias y llamados al Presidente Allende para que rectificara o renunciara. Esa es la verdad.