En estricto rigor, no es que de nuevo estemos ante lo mismo sino que lo mismo se nos devuelve como en una pesadilla, no habiéndosele terminado por procesar. La noticia de platas –a través de una fundación privada “sin fines de lucro” al amparo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (UCh), que habrían financiado políticamente al ministro Alberto Undurraga, maquinadas por asociados ahora “examigos” suyos (todos del Colegio San Ignacio)– data de diciembre de 2014, sin que ello, por supuesto, haya sido obstáculo para que se le destinara al gabinete. Sería la actualización de un recuento de prácticas corruptas que vienen de bien atrás. Investigaciones judiciales suelen tomarse su tiempo y, claro, lo sabido y olvidado vuelve a ser noticia de tanto en tanto. Llámase historia.

Nos devuelve, desde luego, el parecido escándalo ése que, en su momento, sindicara al Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) y al Instituto de Economía (Idecon), ambos de la Chile, en ilícitas asociaciones con funcionarios del MOP, y que aún incomodan a Ricardo Lagos. Tratándose de análogas, cuando no idénticas modalidades a las que, desde entonces, se nos tiene acostumbrados (triangulaciones, contratos ideológicamente falsos, prestación de servicios innecesarios o nunca llevados a cabo, sobresueldos…), haciendo mal uso de la universidad, el asunto se agrava. ¿Es que se trata de un antro, no se corrigen allí dentro? El lío puede que apunte más allá de las responsabilidades personales de los acusados, se compruebe o no su culpabilidad. Conste que la fundación involucrada en este último capítulo de esta historia, recurrente por lo visto, llegó a manejar entre $4 y $5 mil millones anuales.

Nos devuelve, además, los mismos descargos y el “aquí no ha pasado nada”: el que a la fundación en cuestión no habría que confundirla con la Facultad o Universidad (dudoso, los acusados han sido nombrados por las más altas autoridades académicas, y existen acusaciones parecidas respecto al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho); el que la facultad y universidad serían “víctimas” de estos fraudes (uno los nombra pero luego hacen lo suyo); el que esto sería una “invención de la prensa” (Luis Riveros lo diría y eso que los acusados en el MOP-Gate fue gente de su confianza, siendo decano de la FEN, luego rector); el que las universidades estatales no lucran, sí, esos “paraísos fiscales”: las instituciones privadas (Ennio Vivaldi textual); y el que todo esto sucedería porque no se aportan suficientes platas fiscales a la Chile lo que lleva a que la institución se use como pantalla (cfr. docentes no siempre identificados). Es sabido que decanos y rectores contratan a asesores de imagen, no sólo abogados, que aconsejan esta línea de defensa, también no decir nada, por si se pasa piola.

Los procesos de descomposición, al igual que los judiciales, toman su tiempo, pero, avanzan, también la ruina institucional. Algo de eso traté en mi libro La Escuela Tomada (2015).

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.