Que la Presidenta tiene escasa resistencia a la crítica, no es nuevo. Cuando fue objeto de los primeros cuestionamientos en su anterior administración, contestó con su tesis del “femicidio político”. No acepta que hay una legítima contradicción democrática en la crítica a sus actos, sino que advierte siempre una confabulación en su contra.

Ahora fue más lejos e interpuso una querella bastante “sui generis” en varios aspectos, en contra de un medio de prensa vincula a esta casa editorial que consignó los dichos de un personaje con ninguna credibilidad que la involucraban en el caso Caval, obtenidos de escuchas telefónicas efectuadas con autorización judicial y que son públicas al formar parte de la carpeta investigativa del caso. No lo pudo soportar y hubo que armar un caso judicial con una tesis alambicada, poniendo en entredicho la vigencia de la libertad de expresión que la misma Presidenta dice defender.

Un error no forzado que ha merecido crítica casi unánime de los que han opinado, moros o cristianos, o el silencio de muchos que habitualmente la apoyan, de lo cual únicamente se pueden seguir costos políticos para la Presidenta y ningún beneficio tangible. Pero lo más grave ha sido el daño colateral, al comprometer la imagen del país y afectar las instituciones, que son innecesariamente tensionadas en una época política compleja, en que reina la suspicacia y la desconfianza.

Ya ha provocado la condena de la Sociedad Interamericana de Prensa, que dice que la acción judicial busca amedrentar para limitar la libertad de expresión. La ex relatora para la libertad de expresión de la OEA dijo que lo primero que sorprende es que en Chile ocurra un caso de esta naturaleza, que viola los estándares internacionales sobre la libertad de expresión. Así, nuestro país queda a la altura de las acciones de Chávez o Maduro, de Correa o de Cristina Kirchner, que han perseguido a medios de prensa y periodistas ante los tribunales para acallarlos.

Mezcla la figura del Presidente de la República en trajines que les restan autoridad y se prestan para alegar un abuso de poder. Se dice que la querella es a título personal, pero se cita como testigos a su jefa de gabinete, a un ministro del gobierno -el mismo que anunció la acción judicial “personal”- y, para peor, al asesor comunicacional de la delegación de Chile en el diferendo ante La Haya. ¿Qué pasará si éste -que no ocultó su incomodidad- emitiere una opinión ante el tribunal contraria a las pretensiones de la ciudadana Bachelet?

El tribunal le da curso a la acción judicial en menos de 24 horas, algo que difícilmente un ciudadano común podría lograr. Y si después hay condena, se sospecharán presiones; si hay declaración de inocencia, la autoridad presidencial queda disminuida.

Se querelló porque dijo no aceptar “que se inventen falsedades evidentes” en contra suya. Si eran tales, qué sentido tenía darles más importancia que hacer un desmentido formal. ¿No era más sensato alegar ser víctima de un ataque injusto, que como Presidenta está imposibilitada en el hecho de perseguir judicialmente? Las emociones en política son malas consejeras.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.