Rara vez sucede que al jefe de estado se le supone también ciudadano, a no ser que se le quiera decapitar (Luis XVI como “ciudadano Capeto”), o denigrar, como ocurriera hace poco con un diputado de izquierda española que tuteó a Felipe de Borbón por considerarlo un ciudadano cualquiera (el Rey –nobleza obliga– fue, en cambio, sumo deferente). Si hasta se ha debido instituir un desgarrador proceso, el impeachment, a fin de despojar de sus poderes a altos cargos públicos previo a procesarlos como personas comunes y corrientes, de lo contrario siguen gobernando. La alternativa reversa –que a quienes ejercen las más altas magistraturas se las deba tener por cualquier ciudadano, incluso como persona humilde defendida pro bono, si llegan a sentirse agraviados–, es aún más extraña. Se produce un escenario así (lo estamos viendo) y son pocos los que, en serio, se lo creen.

Vea usted: ¿qué ciudadano normal anuncia desde un recinto militar (el Grupo 10 de la FACh), que se va a querellar contra un medio periodístico por la “canallada” que le habrían hecho? Acto seguido, el vocero de gobierno oficializa la demanda, y el subsecretario de Interior, por su parte, la asume sin vergüenza como propia. Todo ello, tras descartar la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad del Estado, es decir, hecha la amenaza apenas encubierta de que se podían ir con todo. Ni digamos el que se fijara el domicilio de la querella “ciudadana” en el Palacio de La Moneda a la vez que se hicieran anuncios en paralelo desde París (parecido a cuando domicilian a N. Sr. Jesucristo en la Catedral de Santiago a sabiendas que Dios está en todas partes). “Longae regibus sunt manus” (trad. largo es el brazo de los reyes), aforismo que debemos a Ovidio, y que ningún abogado de peso puede desconocer las peculiares circunstancias en que se acuñó (i. e. siendo Ovidio perseguido por César Augusto).

Por eso resulta tan fuera de lógica que el abogado de la causa presidencial insista que el affaire se habría producido por sesgo político aunque sólo de parte del medio periodístico (de La Moneda, no, cómo se le ocurre). Y eso que todo affaire político de estas proporciones supone siempre parejas y mal avenidas, o en el lenguaje del abogado, “gente extraordinariamente poderosa”. Con la salvedad que no hay nadie más poderoso que quien maneja y tiene detrás suyo el aparato del Estado. Sea o no que la Presidenta se desdoble en tanto ciudadano a pie, o bien, como antes lo intentara en su primer gobierno, se haga aparecer como mujer acosada en un país donde se cometen femicidios.

Igualdades formales suelen camuflar desigualdades reales. Uno desconoce ese realismo político mínimo y, en el fondo, se inhibe hacer críticas públicas. El costo es obvio. Otro tanto las regresiones que puede implicar. La negación de la política de unos versus otros (ellos sí son políticos, nosotros, no), quedó supuestamente archivada tras la dictadura. Tras decapitar a Luis Capeto se creyó también terminado el absolutismo. Paciencia, entonces.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.