La menguada participación en los encuentros locales debería ser leída por las autoridades de gobierno y por la oposición como lo que es: una muestra del escaso interés real que despierta el proceso constituyente y de la distancia entre las preocupaciones de la elite y las de la gente. Sin embargo, mientras la ideología ciega la visión del oficialismo y lo lleva a seguir impulsando un proceso opaco, la tradicional desorientación opositora conduce a ese sector a pensar en propuestas constitucionales justo cuando está quedando claro que el tema no le importa demasiado al público.

Nada de esto sorprende. El oficialismo duro se considera portador de una verdad revelada, intransable como un dogma de fe. Institucionalmente piensa en términos de retroexcavadoras para acabar con el “orden neoliberal” que nos rige; socialmente, en una igualdad concebida a través de quitarles los patines a los que más tienen y en la idea de los derechos sociales universales garantizados; políticamente, en un mesianismo excluyente. Quien se oponga a este proyecto será denostado y amenazado, sin considerar el daño y la polarización que ello genere. Hubo un tiempo en que los fallos judiciales no se comentaban y las decisiones de entes como el Tribunal Constitucional o el Servicio Electoral se acataban. Ahora no solo son criticadas, sino que se les advierte a los miembros de esas instituciones que las cosas serán muy distintas en la nueva Constitución. Poco importa que ésta no sea una prioridad para la gente y que la participación sea exigua: los problemas, según el vocero de gobierno, son comunicacionales y de falta de recursos.

A la oposición, mientras tanto, no parece ocurrírsele que el problema de fondo es que la gente no se identifica con un proceso al que no le reconoce relevancia concreta ni necesidad urgente. La tradicional confusión que distingue a los partidos y parlamentarios opositores los ha llevado a querer participar e incluso a pensar en proyectos constitucionales propios. Se han propuesto “fiscalizar el proceso constituyente”, no cuestionarlo de raíz, como si ello realmente significara correr contra el signo de los tiempos. Casi nadie se atreve a decir lo que a muchos resulta obvio: Chile no necesita una nueva Constitución; el proceso que ha echado a andar el gobierno supone riesgos enormes para el país; la gente no tiene real interés en esto; es necesario mostrar coherencia y defender la reforma casi unánime de 2005, que depuró todo vestigio de “democracia protegida” del texto de 1980. Pero la oposición vive en otro planeta: ¡su obsesión es definir si el sistema político que presentará en su propuesta constitucional es “semipresidencial o presidencial moderado”!

Así, éste parece ser un país dirigido por sonámbulos. Unos están programados por la ideología y la obsesión por el poder; otros viven en una realidad paralela o están invadidos por un derrotismo que los lleva a desertar y mandarse a cambiar. El perjudicado es Chile, que camina hacia un destino incierto sin liderazgos que muestren alguna dosis de virtud cívica.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.