La controversia entre los taxis regulares y los vehículos que prestan servicios a través de dos exitosas aplicaciones de teléfonos inteligentes, se ha intensificado; y no es para menos, cuando los primeros ven seriamente amenazados sus ingresos.

El ministro de Transportes llama a no usar las aplicaciones, ya que son una “competencia desleal y no debería estar permitido”. Un comentario curioso, no sólo porque la autoridad no parece tener del todo claro si está permitido, sino porque no se divisa razón por la cual “no debiera” estarlo. Por el contrario, hay dos razones para que existan.

Primera, porque la Constitución garantiza a todas las personas “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”. Conforme con esto, el ingreso a ninguna actividad económica lícita puede ser restringida, sin perjuicio de cumplir las leyes que rigen para ejercerla. En otras palabras, la ley puede establecer condicionantes técnicas, como estándares de seguridad de los vehículos o calificación de los conductores, pero que todo aquel que las cumpla debiera poder acceder a la actividad.

Pero no así. Una ley de fines de los 90’ cerró el registro de taxis (se hizo por cierto tiempo, pero se ha venido renovando desde entonces) y le aseguró un monopolio a los que ejercían en ese momento la actividad, que es lo que los taxistas “regulares” defienden ahora. Una ley que consiguió aprobar un parlamentario de centroderecha, en la época en que empezó a campear la preocupación por los “problemas reales de la gente” y en que defender los principios ya no era prioridad.

El resultado fue que se protegieron los problemas reales de los taxistas que estaban en ese momento en el rubro y no los de la gente. El ciudadano de a pie (literal) salió perdiendo, porque todo monopolio implica restricción de la oferta, y seguidamente un alza de los precios o baja en la calidad. Además, dio origen a “mercado secundario” de las autorizaciones para tener un taxi, con rentas injustas para sus titulares. Pero aunque el mercado será cruel -como decía un ex Presidente-, se las ingenia para prevalecer y surgieron las mentadas aplicaciones, que hicieron viable una oferta alternativa.

Si los transportistas que están detrás de las aplicaciones no cumplen la ley, ya que ejercerían su actividad sin atenerse a las regulaciones técnicas y si pagar impuestos, lo que sería “desleal”, es consecuencia que la legislación vigente, al margen de la Constitución, no les permite registrarse y cumplir. Porque habiendo demanda, sin duda estarían dispuestos a hacerlo como corresponde. Y esta es la segunda razón por la cual sí debieran existir: no hay otra alternativa. Escasean los taxis y el Transantiago es un sistema de transporte colectivo que da un servicio deficiente, y que se encuentra al borde del colapso operacional y financiero. De resolver este desastre es de lo que se debiera preocupar el ministro de Transportes, no de legitimar un monopolio y restringir las opciones para la gente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por el autor en su blog Defendiendo principios, http://voces.latercera.com (La Tercera).