¿Por qué el gobierno, instruido por el PC, la CUT y los sectores más de izquierda de la NM, se ha negado rotundamente a considerar los antecedentes e información de lo que pasa en Chile y el mundo en materia de relaciones laborales, y lo que en éstas marcan pauta en la actualidad, pidiéndole a la Sra. Presidenta que enmiende el rumbo de lo que ha llamado “su Proyecto de Reforma laboral”, antes de que sea demasiado tarde? Antecedentes y solicitudes que no solo han venido del sector empresarial incluidos micro, pequeños y medianos empresarios, por ex ministros de la Concertación, por especialistas laborales de todo el espectro político –salvo, por supuesto, el PC y el sector más izquierdista de la NM– y por dirigentes sindicales, entre otros.

La respuesta es muy simple. Este proyecto nunca ha pretendido ser una Reforma Laboral y, en consecuencia, todos los argumentos y antecedentes que se han entregado para tratar de corregirlo, no aplican a este caso.

Algunos hechos que avalan esta afirmación. Primero: Una Reforma Laboral debería, al menos dentro de sus principales objetivos, buscar el bienestar de los trabajadores, lo que se logra no por la vía de la fuerza, sino que por la única vía que ha demostrado tener éxito en alcanzar este objetivo. Esto es, que haya más y mejores empleos, con trabajadores más capacitados para que con sus méritos y esfuerzos puedan acceder a mejores puestos de trabajo y por ende a mejores remuneraciones. Nada de esto se aborda en el Proyecto.

Segundo: Cuando alguien dice en el 2016 que quiere modernizar las relaciones laborales, no se entiende qué puede tener de moderno reponer normas que regían en 1967.

Tercero: Una Reforma Laboral no puede vulnerar, bajo ningún pretexto, principios básicos, como el derecho de los trabajadores a tomar sus propias decisiones, su libertad de asociación, no ser discriminados ni quedar sometidos a la voluntad de terceros si ellos así no lo desean. Derechos todos claramente consagrados en nuestra Constitución pero que este proyecto de reforma los viola categóricamente. Les elimina la posibilidad de organizarse para negociar en la forma que ellos estimen conveniente. Elimina la posibilidad de que los trabajadores que no se sindicalizan puedan acceder a los mismos beneficios de los sindicalizados, aun pagando el 75% de la cuota sindical, como sucede en la actualidad. Se quiere eliminar la posibilidad de que el trabajador que está en una huelga se pueda descolgar de ella si ya no desea seguir en ésta.

Cuarto: una buena Reforma Laboral, elaborada por gente que entiende que el mundo cambió y que la fuerte competencia económica que enfrentan los países y las empresas requiere de un trabajo de cooperación y diálogo permanente entre todos los actores reales, debiera poner el énfasis en la promoción de ello para ganar esta competencia y ser un país más potente con empresas de calidad que puedan entregar mejores beneficios y condiciones a sus trabajadores. En este proyecto, el énfasis está puesto en todo lo contrario. Está focalizado en una huelga sin reemplazo que ojalá paralice a la empresa, como medio para el “progreso de los trabajadores”. Esto, a pesar de que el gobierno y toda la ciudadanía ya hemos experimentado en carne propia lo que significa una huelga sin reemplazo.

Ahora, en cuanto al diálogo que supuestamente el proyecto busca fomentar, basta recordar que en una de las últimas sesiones del Senado, donde algunos senadores de la DC manifestaron sus aprensiones sobre algunos puntos del proyecto, la Presidenta de la CUT y los llamados “representantes” de los trabajadores nos dieron una prueba concreta de que para ellos solo hay diálogo cuando se está de acuerdo con lo que plantean. Si no es así, entonces se recurre a la descalificación, insulto y amenaza de tomarse la calle. Esto también permite entender por qué se oponen tan terminantemente a que se reponga la indicación que había planteado el Ejecutivo de que la huelga debía ser pacífica. Para quien no tiene pensado usar la violencia, no veo por qué puede molestarle el adjetivo “pacífica”.

Por último, una Reforma Laboral moderna, que busque el progreso y bienestar de los trabajadores, no puede no considerar la productividad como un factor fundamental a promover y desarrollar. Sin mejoras de productividad, las empresas y sus trabajadores no pueden progresar y aspirar a una mejor calidad de vida laboral, lo que entre otras cosas puede llevar a menos horas efectivas de trabajo. Según datos de la OCDE, Chile ocupa el 2° lugar de los países que menos producen con US$25,7 por hora promedio, versus el promedio de los países OCDE de US$49,3. Pero al mismo tiempo, ocupamos el 4° lugar de los países que más tiempo pasa en el trabajo, con 1990 horas promedio anual por trabajador, versus el promedio OCDE de 1770. En el proyecto, la productividad y la calidad de vida laboral tampoco es tema. En definitiva, este no es un proyecto de Reforma Laboral, sino que un proyecto político, que elimina derechos fundamentales de los trabajadores y le otorga un poder absoluto a las cúpulas sindicales.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Líbero, www.ellibero.cl.