Existe el peligro de legislar para casos excepcionales y contadísimos –más aún si proceden de causas trágicas que inspiran compasión– porque terminan por perjudicar el bien común. Los casos suelen repetirse en variadas y distintas situaciones, y guardan cierta analogía. Admitida la excepción, ese agujero tiende a extenderse ilimitadamente; o fuerza a la jurisprudencia a una interpretación discutible del texto legal, o bien se adaptan artificialmente los hechos al caso previsto en la ley, es decir, el fraude procesal.

El verdadero diálogo democrático exige jugar limpio. Es un hecho comprobado en todos los países que han legalizado el aborto que acudir a casos dignos de compasión es solo el primer paso para su generalización y total aceptación, hasta llegar a invocar vagas causas psíquicas y peregrinas discusiones en torno al número de semanas en que se practica. Cuando el legislador introduce el aborto en un sistema jurídico, inicialmente suele tipificar como causas del mismo aquellas situaciones dramáticas y especialmente conflictivas como las previstas en el proyecto de ley. Esto puede parecer, en principio, una lógica medida de prudencia jurídica; pero, a su vez, plantea también una cierta falta de previsión jurídica. La imprevisión del legislador radica en no tener en cuenta que las situaciones dramáticas –casos dignos de compasión– no se pueden objetivar en la ley, precisamente porque el “dramatismo” de las mismas es tan solo mensurable subjetivamente, con variaciones estimativas de persona a persona.

En esta materia tan vital y nuclear para la sociedad, la puerta no puede estar más que abierta o cerrada, y que la esperanza de mantenerla entreabierta para casos graves se ha comprobado, por experiencia, completamente ilusoria. Esa pequeña apertura, inspirada en casos dramáticos, con el tiempo se convierte en un tremendo forado que pone en peligro el más básico de los derechos humanos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio de Santiago.