Una reciente cifra publicada por La Tercera revela que son más de 90 mil los estudiantes que desertan de la educación parvularia, básica y media. Este número se señala como bajo o comparable con la situación en países OCDE, pero que en el fondo muestra lo contrario, y no hace más que señalar donde debiesen estar las prioridades nacionales en términos educativos, y hacia donde la brújula de nuestra reforma educacional debiese apuntar, como así también el destino los recursos.

Primero que todo, a diferencia de los países OCDE, en Chile la educación superior tiene una altísima rentabilidad salarial en comparación con los niveles educativos básicos y medios. En la OCDE los retornos privados de la educación básica y media promedian en 17%, en Chile sólo lo hacen en un 11,3%; por otro lado la educación superior en nuestro país renta un 21% y en la OCDE un 12,3% (Beyer, 2000). Esto agrava el hecho de la deserción pues, por un lado cierra el acceso a grados educacionales más altos, que a su vez llevan a mejores oportunidades laborales, pero por otro condiciona a los desertores del sistema a un nivel educacional que, lamentablemente, no les entregó las herramientas para que ellos y sus familias pudiesen  optar a una calidad de vida que al menos les diera oportunidades de elección, como sí pasa en los tan admirados países desarrollados.

Por otro lado, como se señala por La Tercera, las personas que abandonan el sistema educativo primario y secundario son, principalmente, del primer quintil de ingreso. Más allá de la evidente gravedad que este hecho ocurra en las familias de menos recursos, esto se puede deber a factores que muy pocas veces se menciona como prioridad, y que es importante sacar a flote.

Primero, la importancia de la familia como agente protector que se complementa pero nunca se sustituye completamente con el rol que pueden ejercer los colegios. Factores como el nivel educacional de los padres y constitución del hogar son elementos que protegen al estudiante para que mantenga dicha condición. Esto hace cuestionarse a qué niveles se trabaja con las familias y si ese trabajo es efectivo en elevar la importancia de terminar los estudios dentro de la cultura familiar. En un país donde más de 5 millones de adultos no han terminado el colegio (CASEN 2013) urge poner como foco el hecho que la educación de adultos es importante no sólo por ellos, sino por las familias que hay detrás, ya que entregar oportunidades educativas a los padres potencia la educación de los hijos.

Segundo, no es de extrañar que haya abandono escolar en los primeros quintiles de ingreso si, por un lado, la educación superior se ve como una opción extremadamente lejana, y por otro la rentabilidad privada de la educación primaria y secundaria sea tan baja en comparación con las opciones de trabajo que esos jóvenes puedan obtener sin necesidad de completar dichos niveles. La solución a esto no es compararse tanto con las cifras OCDE sino aprender de ellas y adaptar al contexto por medio del aumento del valor la educación (en sus sentido íntegro) aumentando su calidad. Esta palabra, que hoy en día es un lugar común, se refiere a aumentar la funcionalidad de lo aprendido según las diferentes realidades. Para ello se debe no sólo invertir sino saber dónde hacerlo. La nueva Ley de Educación Pública intenta abordar este campo, pero no se ve con claridad como lo hará términos de forma y aumento de recursos.

Ante el ajetreado panorama político y dada ciertas presiones sociales, es fácil perder el foco de dónde debemos dirigir la política pública, y rápidamente escenarios importantes para el futuro de miles de personas y que tienen repercusiones de largo plazo pasan a segundos planos de los que no queremos lamentarnos en el futuro. Es por eso que invertir hoy en educación inicial, primaria y secundaria debe ser la prioridad número uno, como así también en aumentar las oportunidades de las familias de los primeros quintiles de ingreso de manera de reforzar su rol educativo con sus hijos.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.